La Consejería de Educación ha presentado este jueves ante el registro del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) una orden firmada por el consejero del ramo, Francisco Álvarez de la Chica, por la que se requiere al dicho Ayuntamiento a que proceda "lo antes posible", y en todo caso, "en el plazo máximo de un mes", al cumplimiento de sus obligaciones de mantenimiento y conservación de los centros públicos de educación infantil y primaria.

En la orden, significan que si transcurrido dicho plazo el incumplimiento persistiera, se procederá a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación "a costa y en sustitución de la entidad local. De esta resolución se ha dado traslado para su conocimiento a la consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, a la consejería de Gobernación y Justicia y al consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía; según ha informado la Junta en un comunicado.

Desde la Delegación de Educación se ha querido subrayar que, con la presentación de este requerimiento, se ha cumplido "rigurosamente" la legislación vigente "dentro, además, de un respeto escrupuloso a la lealtad institucional". Apuntan que es la misma conducta mantenida durante todos los días que dura el conflicto por esta delegación, cuya titular, Blanca Alcántara, se dirigió por escrito a la alcaldesa de Jerez el pasado viernes 16 de marzo solicitándole la adopción de cuantas medidas fueran necesarias para la solución del susodicho conflicto.

En días posteriores, la Delegación —a través del trabajo realizado por las direcciones de los centros educativos, de los inspectores del Servicio de Inspección de Educación y de los técnicos de la Consejería de Salud, que han elaborado informes sobre la salubridad de los colegios— ha podido constatar que en un gran número de centros educativos de Jerez no se reúnen las condiciones higiénicas necesarias para el ejercicio de la actividad docente.

Es por ello por lo que, de forma paralela a la suspensión de la docencia en esos centros, se ha tomado la determinación de que el consejero requiera al Ayuntamiento la solución del conflicto, un requerimiento que se encuentra fundamentado en el Artículo 60 de la Ley de Bases de Régimen Local.