La Fiscalía de Valladolid solicita penas de cuatro años de prisión para cuatro varones y una mujer a los que acusa de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y, alternativamente, de estafa cometidos durante el ejercicio de 2003, cuando, supuestamente, cobraron distintas cantidades a siete ciudadanos procedentes de Marruecos a cambio de falsas ofertas de empleo.

El juicio se celebrará este miércoles, 21 de marzo, en la Audiencia de Valladolid, donde ocuparán banquillo los ciudadanos marroquíes Hakima H. y Hamid G, junto con los españoles Jeremías R.E, Francisco Ll.B y Sergio G.Z, a quienes la acusación pública, además de cuatro años de cárcel, que serían tres en el caso de que la condena fuera por estafa, pide también multas de 5.760 euros y que indemnicen, conjunta y solidariamente, a sus víctimas con las cantidades obtenidas de ellas, que globalmente suman más de 14.000 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La vista tenía que haberse celebrado el pasado 10 de febrero, aunque en aquella ocasión el tribunal se vio obligado a suspenderla ante la incomparecencia de la joven Hakima H. y de Sergio G.Z, la primera debido a que no fue trasladada a tiempo desde Cataluña, donde permanecía encarcelada, debido a un error de los servicios penitenciarios de la Generalitat, que creyeron que se trataba de un varón y la buscaron en un centro carcelario de hombres, cuando se hallaba en el de mujeres, y en el segundo caso debido a un proceso agudo de asma.

Los hechos que se les atribuyen se desarrollaron durante 2003, cuando los cinco acusados, puestos de común acuerdo, siempre según entiende probado el Ministerio Fiscal, concibieron un plan en virtud del cual Hamid G. y Hakima H. contactaban con compatriotas suyos al objeto de facilitar su llegada a España y les cobraban cantidades de entre 2.000 y 4.000 euros bajo la promesa de facilitarles puestos de trabajo ofertados por los otros tres procesados que, sin embargo, no respondían a la realidad.

En todos los casos, una vez que Hamid G, en colaboración con la también acusada Hakima H, conseguía el dinero, remitía a la ciudad de Lérida la documentación que las víctimas le entregaban y allí, tras aportar el resto de acusados ofertas de trabajo, se presentaba solicitud ante la Subdelegación del Gobierno de la citada provincia catalana.

Era a posteriori, ya en territorio español, cuando los solicitantes descubrían que el puesto de trabajo habrían de buscarlo en el mercado negro, pues lo que a ellos se les ofrecía era únicamente la entrada legal en España y no un empleo.