Diversos colectivos y asociaciones han trasladado este lunes su rechazo al proyecto de "macrocárcel" proyectado en la zona de Zubieta, en San Sebastián, al tiempo que han pedido al Gobierno local de Bildu, al resto de partidos y al Gobierno vasco que prioricen las necesidades de "plazas de ejecución penal" para garantizar "la resocialización" de los reclusos.

En una rueda de prensa en la capital guipuzcoana, los representantes de Arrats Haizea Baltasar y César Manzanos han hecho público un comunicado contra este proyecto al que han señalado se han suscrito la Pastoral carcelaria de Hernani, las coordinadoras opositoras al Tren de Alta Velocidad (TAV) y a la incineración en Gipuzkoa, así como Aralar, Alternatiba, la izquierda abertzale y los sindicatos ESK y CNT.

También se han adherido Loiola Extea, Salhaketa, Ezkerretik Bilduz, grupos contra el Superpuerto de Pasaia, Antikapitalistak y Ekologistak Martxan.

En el texto trasladan su preocupación "por la falta de claridad y de criterio" a la hora de tomar la "importante y trascendente decisión" de futuro de construir una cárcel en San Sebastián y denuncian la "inviabilidad" de "macroinfraestructuras".

Además, censuran que se intente justificar la necesidad de la nueva cárcel en Zubieta y de cerrar Martutene por "intereses urbanísticos ajenos a las necesidades tanto de las personas presas como de la ciudadanía del municipio de San Sebastián".

En este sentido, consideran que la "macrocárcel" proyectada en Zubieta no busca responder a las necesidades de cumplimiento de condenas de las personas con residencia administrativa o arraigo en Gipuzkoa, sino que "la mayoría de las personas que cumplirán sus condenas serán, tal y como ocurre ahora, de fuera de Gipuzkoa".

Asimismo, constata que "no se ha tenido, una vez más, en cuenta la opinión de quienes viven en Zubieta, de su vecindario, antes de poner en marcha un proyecto mastodóntico".

De este modo, instan a al actual Gobierno local de Bildu, al resto de partidos y a los responsables del Gobierno vasco que "por encima de otros intereses", prioricen las necesidades de "plazas de ejecución penal para garantizar las condiciones básicas y lograr la finalidad que la legislación vigente otorga a las penas, que no es otra que la resocialización que evite la recaída en el delito".