El Centro Canario Nacionalista (CCN) ha mostrado su rechazo al modelo de copago sanitario aprobado en Cataluña y sostiene que lo necesario es abordar una reforma del sistema sanitario que garantice su continuidad, regule su buena utilización y legisle para que sea más solidario y progresivo.

En una nota de prensa, el vicesecretario federal de Organización del CCN, Alfonso López, que además es personal sanitario, ha señalado que la tasa de un euro por receta recién aprobada por el Parlamento de Cataluña "deja patente que tiene por objetivo recaudar dinero en vez de moderar el consumo de fármacos, tal como afirma la Administración catalana".

Según Alfonso López, en lugar de plantear otras alternativas para hacer sostenible el sistema sanitario, con la tasa del euro por receta la Administración vuelve a dirigir hacia el medicamento su estrategia para reducir el gasto sanitario, cuando se trata de una partida sobre la que ya se ha actuado de manera reiterada en la última década. Prueba de ello, agregó, es que tal y como recoge el último balance de facturación de la Dirección General de Farmacia presentado este jueves por la Consejería de Sanidad, en Canarias el gasto farmacéutico ha descendido el último año un 13,6 por ciento.

El responsable centrista ha querido recordar que en la Comunidad Autónoma, fruto de la implantación progresiva desde 2007 del sistema de receta electrónica, el paciente ya recibe la cantidad exacta de medicación que con su criterio profesional le prescribe el médico, y no le es posible retirar de la oficina de farmacia ningún fármaco más ni en mayor cantidad que la pautada.

Los centristas, por tanto, no consideran aceptable que se limite el acceso de la población al medicamento basándolo en su capacidad de financiar el mismo, ya que de esta manera puede ponerse en riesgo el buen cumplimiento que deben hacer los pacientes de los tratamientos prescritos y necesarios para su salud.

El CCN, por el contrario, ha apostado por la mejora del sistema sanitario canario con la aplicación de un conjunto de medidas de uso racional, mejora de la prescripción y aumento de la eficiencia en el gasto público de esta prestación sanitaria básica, buscando fórmulas para abaratar los medicamentos que permitan la financiación total y el acceso a la gratuidad en los mismos a aquellos sectores de la población que carezcan de recursos, del mismo modo que conseguir también que sean las personas de altas rentas y recursos quienes paguen los suyos.