El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha dado instrucciones a los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma para que, una vez que se conozca formalmente el acuerdo del Consejo de Ministros sobre las prospecciones en aguas de las islas, se emprendan acciones legales contra el mismo.

Según informa el Ejecutivo regional, el objetivo de estas medidas sería impedir los efectos de una decisión —la del permiso a Repsol para que efectúe las prospecciones— "que rompe el principio de lealtad y colaboración institucional".

En este sentido, consideró que la decisión del Gobierno de España "es un claro desprecio del Gobierno estatal del PP a las instituciones que representan al pueblo canario: Gobierno autonómico, Parlamento de Canarias, cabildos y ayuntamientos de Fuerteventura y Lanzarote".