El titular del Juzgado de Instrucción número 2, Pedro Barceló, ha levantado el secreto que pesaba sobre una causa centrada en 22 contratos menores concedidos por el Consell de Mallorca cuando éste estaba presidido por Maria Antònia Munar, y cuyas facturas fueron presuntamente alteradas para poder ser incluidas en expedientes distintos al servicio contratado, de forma que los trabajos pudieran ser otorgados 'a dedo' a una determinada empresa.

Este procedimiento judicial, que ha permanecido bajo sigilo sumarial durante más de medio año, se inició con las indagaciones en torno a un presunto desvío de fondos de la Institución insular a la compra de diverso material para diversos actos organizados por la extinta Unió Mallorquina (UM) previos a las elecciones autonómicas y municipales de 2007. En concreto, una de las adquisiciones fue llevada a cabo en la mayorista Makro por unos 1.100 euros.

Con el avance de las investigaciones, las pesquisas derivaron en el hallazgo de 22 expedientes fechados entre los años 2001 y 2007, correspondientes a la concesión de diversos servicios de catering, organización de eventos y transporte en autocar que fueron adjudicados de forma directa a varias mercantiles cuyas prestaciones están siendo investigadas en el marco de esta causa, según han revelado fuentes del caso a Europa Press.

En concreto, los investigadores apuntan a que el concepto de varias de las facturas libradas por estos servicios no corresponde a estos trabajos, ante lo cual barajan una posible explicación: cuando el coste de un servicio se excedía de los 12.000 euros en los que había sido presupuestado -cantidad máxima por la que un contrato, por Ley, puede ser otorgado sin concurso-, el concepto de la factura era presuntamente modificado para poder injertarla en otro expediente cuyo importe era notablemente inferior.

De este modo, sostienen, se permitía poder pagar 'a dedo' a una determinada empresa sin la necesidad de que otras empresas pudieran concurrir con sus proyectos a la convocatoria. Las pesquisas apuntan a que Coloma Munar, prima de la expresidenta del Consell y mujer del supuesto testaferro de ésta, Víctor García -todos ellos imputados en el marco del caso Maquillaje-, fue quien indicaba que debía modificarse el concepto de los recibos para poder acoplarlos en otras contrataciones.

El consell pagó el catering del certamen miss argentina balear

Una de las primeras indagaciones que se realizaron en el marco de esta causa se produjo a raíz de la confesión del expresidente de la Casa Argentina de Baleares, Jorge Mandado, quien en dependencias de la Policía Nacional afirmó que el exdirector insular de Relaciones Institucionales del Consell, Josep Lliteres, le dio una tarjeta con los datos fiscales del Consell para comprar en Makro el catering del primer certamen Miss Argentina Balear, celebrado en la discoteca Abraxas un día antes de los comicios electorales.

Un evento al que asistió el entonces candidato a la alcaldía de Palma, Miquel Nadal, quien precisamente coronó a la ganadora del concurso: la hija de Eduardo Corvalán, miembro de la Casa Argentina de Baleares y entonces aspirante en la lista municipal de UM. En total, según la versión ofrecida por Mandado en sede policial, fueron abonados 1.146 euros en el establecimiento comercial ubicado en el Polígono de Son Fuster de Palma.

El propio Corvalán, en la declaración que prestó como testigo en el marco de las diligencias informativas incoadas por la Fiscalía en abril de 2010 en torno a una presunta trama de compra de votos por parte de UM, puso de manifiesto que la formación "usó y manejó" a inmigrantes argentinos antes de los comicios "para su provecho electoral" al ofrecerles una contraprestación económica y laboral a cambio de votar a favor del partido. Ese año, UM se erigió clave para la formación del Govern del Pacte, junto a PSIB y Bloc.