El alcalde de alcaucín, José Manuel Martín
El alcalde de alcaucín, José Manuel Martín. EFE

Siete personas han sido detenidas por la Guardia Civil y otras ocho imputadas este martes en Málaga en una nueva fase del caso Arcos contra la corrupción urbanística en la localidad de Alcaucín, que se destapó hace tres años.

La Guardia Civil ha registrado las sedes del catastro, despachos de abogados y domicilios como parte de la investigación Los detenidos son el concejal independiente y exalcalde socialista de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, y seis funcionarios, entre ellos el exjefe adjunto de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Francisco Mora, según han dicho fuentes próximas al caso.

Martín Alba y Mora ya fueron detenidos en febrero de 2009 al destaparse esta operación, que se saldó con 55 imputados (sin contar los nuevos detenidos e imputados este martes) y descubrió una trama que presuntamente construía y legalizaba casas en suelo no urbanizable en la comarca de la Axarquía.

Desde primeras horas de la mañana de este martes, la Guardia Civil ha registrado en Málaga las sedes de la Gerencia del Catastro y de su archivo, la Unidad de Gestión Catastral del Patronato de Recaudación, despachos de abogados y domicilios particulares, labor en la que ha estado presente el fiscal Anticorrupción Valentín Bueno.

La investigación, detenciones y los registros han sido ordenados por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vélez-Málaga, Irene Urbón, y se enmarcan en una pieza separada del caso Arcos que aún continúa secreta, según han dicho fuentes judiciales.

La investigación

La finalidad de los registros es acreditar la comisión de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y urbanística, blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa y contra la ordenación del territorio.

La Diputación se personará en el 'caso Arcos' para "limpiar su imagen" El portavoz del PP en la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha afirmado este martes en rueda de prensa que en la operación se investiga documentación en papel y en soporte informático relacionada con la gestión catastral, en la que la institución actúa como colaboradora del Ayuntamiento de Alcaucín.

Cuatro trabajadores (dos hombres y dos mujeres) de la Unidad de Gestión Catastral del Patronato de Recaudación, dependiente de la Diputación de Málaga, están siendo investigados, tres de ellos auxiliares de gestión catastral y un delineante, según ha explicado.

Salado también ha anunciado que la Diputación se personará en el caso Arcos para "limpiar la imagen" de la institución, porque aún no lo ha hecho, pese a que el anterior equipo de gobierno socialista anunció en 2010 que iba a presentarse como acusación.

El portavoz del equipo de gobierno de la Diputación ha comparecido a las puertas del Patronato de Recaudación, situado en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), junto al presidente de este organismo y alcalde de Nerja, José Alberto Armijo. Mientras tanto, en la sede de la Gerencia del Catastro, guardias civiles de paisano han introducido cajas de cartón para recoger documentación durante el registro.

Para este martes está previsto que presten declaración en la Comandancia de la Guardia Civil algunos de los detenidos, entre ellos el exalcalde de Alcaucín.

El 'caso Arcos'

La Operación Arcos que investiga la construcción de viviendas en suelo no urbanizable en Alcaucín (Málaga) comenzó el 27 de febrero de 2009 con la detención del entonces alcalde, el socialista José Manuel Martín Alba, y de otras doce personas, entre ellas dos de sus hijas, y suma hasta ahora casi medio centenar de imputados.

Martín Alba fue acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental Martín Alba, alcalde de Alcaucín desde 1991, fue señalado por los investigadores como el principal beneficiario de una red de corrupción político-empresarial que presuntamente construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable, en la sierra malagueña de la comarca de la Axarquía.

El regidor, conocido en su faceta de cantaor flamenco como Pepe Calayo y que guardaba 160.000 euros bajo un colchón ("los ahorros de toda una vida", según él) dimitió de su cargo antes de ingresar en prisión el 3 de marzo de 2009.

Fue acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental y permaneció en la cárcel hasta el 5 de junio de 2009, cuando quedó en libertad bajo fianza de 120.000 euros.

También fueron encarcelados entonces el jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación malagueña, José Francisco Mora, y los empresarios Francisco Llamas, Manuel Tejada y José Manuel Rico y el familiar de uno de ellos Luis Eduardo Crooke, yerno de Llamas.

Mientras los empresarios quedaron en libertad bajo fianza, Mora permaneció en prisión más de dos meses, hasta que en mayo de 2009 la juez decretó su libertad bajo fianza de 120.000 euros.

Tres años después de la apertura del sumario, la instrucción continúa y la jueza mantiene el secreto de sumario de una de las nueve piezas separadas abiertas del caso.

El principal imputado, el exalcalde José Manuel Martín Alba, volvió a la corporación municipal tras las últimas elecciones locales, como cabeza de lista del Partido Independiente Sierra Tejeda (PITA).

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