El alcalde de Coslada, Raúl López Vaquero (PP) negó este lunes haber cometido un delito de prevaricación al favorecer al suspendido jefe de la Policía Local, Ginés Jiménez, eximiéndole de cumplir una suspensión de nueve meses de empleo y sueldo.

López aseguró en su comparecencia en la Audiencia Provincial que, cuando fue elegido en 2003, desconocía que el entonces jefe de la Policía Local -acusado después de corrupción en la operación Bloque- tuviera pendiente la ejecución de una sanción desde el año 2001. No fue hasta 2008, recalcó, cuando el PSOE le denunció en medio de la investigación por presunta corrupción entre los agentes locales, cuando conoció los hechos.

El PSOE, que ha llevado a Raúl López a los tribunales, afirma, en cambio, que el dirigente del PP firmó un documento en el que daba instrucciones para "desistir de la ejecución judicial de la sentencia", por la que Ginés debería haber devuelto unos 24.000 euros a las arcas municipales por el sueldo ilegalmente cobrado mientras estaba suspendido.

López, que se negó a contestar a las preguntas de la acusación, rechazó haber firmado tal documento, asegurando que solo conocía que Jiménez tenía una sanción pero que era "una cuestión menor". Por último, desvió hacia su jefe de Gabinete, Fernando Alonso Baraona, la responsabilidad en la toma de decisiones. Los concejales de la oposición -entre ellos, Manuel Torrús y María Teresa González, actual diputada en la Asamblea de Madrid- que han testificado en la vista han cuestionado que el alcalde no supiese nada dado que Alonso Baraona era su mano derecha.

El sucesor de López en la Alcaldía en 2007 y actual jefe de la oposición, el socialista Ángel Viveros, también acudió este lunes a la Audiencia Provincial. En su caso, declaró que no tiene "ni amistad ni enemistad" con López, solo "una relación estrictamente profesional", pero que si le denunció fue por la gravedad de los hechos.

Viveros, que fue alcalde de Coslada entre 2007 y 2011, ha sostenido que la sanción sin sueldo a Jiménez no fue ejecutada y dicha retribución no fue devuelta al Ayuntamiento, un hecho del que se enteró por los medios de comunicación y que considera que debía conocer Baraona, quien tiene "una relación directa con el alcalde".

El escrito provisional de la Fiscalía acusa a Raúl López Vaquero, reelegido alcalde en 2011, de no hacer ejecutar la sanción impuesta al 'sheriff de Coslada', por lo que pide para él una pena de 4 años de prisión por prevaricación y malversación de fondos públicos.

Antes de entrar en el juicio, López aseguró a los medios de comunicación que el caso es un "juicio político" por parte del partido de la oposición, que trata de "erosionar" la imagen del PP en Coslada y la suya personal, así como conseguir lo que no ha podido "en las urnas".