En el documento, consultado por Europa Press, los 'populares' también se comprometen a eliminar las tasas por derecho de examen en las ofertas de empleo público de la Administración de la Junta para aquellos opositores que se encuentren en situación de desempleo y no perciban ingresos por prestaciones; y a potenciar los programas de formación continua y especialización y actualización permanente para los empleados públicos, garantizando la aplicación de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral en su ejercicio.

También incluye en su programa aprobar una Ley andaluza de Función Pública; derogar la Ley de Reordenación del Sector Público; profesionalizar el personal directivo; limitar las encomiendas de gestión y encargos de ejecución al sector público empresarial y entidades asimiladas; o poner en marcha un Plan Excelente para garantizar la calidad, la modernización y la transparencia y racionalización de la Administración pública.

Entre otras de las medidas se encuentran un Plan de Ahorro Energético y de optimización de contratos de mantenimiento; un Plan de Reordenación de sedes administrativas centrales y periféricas; o la realización de auditorias técnicas operativas y de gestión que analicen qué recursos tiene a su disposición cada ente público para realizar sus tareas y compararlo con las competencias y funciones a que se destinan.

En el citado programa, el PP-A hace un diagnóstico del modelo de sector público, asegurando que desde hace años se caracteriza por un elevado número de entes, una estructura "desmedida y desproporcionada", reflejo de una política general ajena a la austeridad, que lejos de mejorar los servicios públicos en los últimos 30 años ha contribuido a generar un aparato administrativo "lento e ineficaz".

Según apuntan los 'populares', ese modelo ha derivado en la consolidación de una Administración paralela a la propia Administración de la Junta de Andalucía y que tenía como único fin la "huida del derecho administrativo". En su opinión, la reordenación del Sector Público aprobada por el Gobierno andaluz, lejos de responder a criterios de eficacia y eficiencia y de contribuir a la reducción del déficit, ha venido a consolidar esa Administración paralela.

Entre los objetivos que se marcan en el ámbito de la Administración pública se encuentran despolitizar estructuras administrativas y profesionalizar el empleo público; dignificar la figura del empleado público; restaurar el escrupuloso respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a la condición de empleado público; y racionalizar e impulsar un sector público autonómico sostenible.