Constructores de provincia de Las Palmas acusan a Gobierno canario de "volcar inversión" en Santa Cruz de Tenerife

La presidenta de la AECP advierte de que las bajas que se están poniendo pueden "estar cayendo en fraude de ley"

La presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas (AECP), Salud Gil, ha criticado este jueves la actitud del Gobierno canario en cuenta a que "vuelca su inversión" en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Gil, en una rueda de prensa, en la que ha aportado datos sobre licitaciones y adjudicaciones de obras de las administraciones central, autonómica y local, ha incidido en que el Gobierno canario cuando observa que el Ejecutivo central "va a volcarse con la provincia de Las Palmas" adopta, ironizó, el "equilibrio" para "volcar su inversión" con la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En este sentido, indicó que en el conjunto de la provincia de Las Palmas, el pasado año, se licitaron algo más de 198 millones de euros que supone una caída total del 60,4 por ciento respecto a 2010 (503 millones de euros). Por administraciones, el pasado año el Gobierno central redujo su inversión en esta provincia en un 6 por ciento, la autonómica lo hizo en un 78 por ciento, mientras que en la local la caída fue del 62 por ciento.

Sin embargo, apuntó Gil, en el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife donde la licitación se vio reducida un 62,38 por ciento en 2011, al pasar de 417 millones de euros en 2010, a los 157 millones del pasado año, por administraciones, la inversión de la central descendió un 75 por ciento, mientras que la autonómica lo hizo en un 50 por ciento, y la local en un 68 por ciento.

Así, en el conjunto del archipiélago, la inversión también cayó el pasado año en un 61,34 por ciento, ascendiendo el montante total a un valor de licitación de 356 millones de euros, a diferencia de los 920 millones de euros de 2010.

De todos modos, la presidenta de la AECP reconoce que aunque se licita más en la provincia de Las Palmas, también se le adjudica "más" al provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y, a este respecto, Gil ironizó asegurando que le "da envidia del patriotismo chicharrero —como se les denomina a los ciudadanos de la capital de Tenerife—", y afirmando que "urge imitarlo".

Respecto a las adjudicaciones destacó algunos datos de islas, y subrayó que mientras en Gran Canaria el Gobierno regional adjudicó por valor de 7,6 millones de euros, en Tenerife lo hizo por 60,6 millones de euros.

También citó a la isla de La Palma a la que se adjudicó obras por 3,6 millones de euros; mientras que a las islas de Fuerteventura y Lanzarote, en su conjunto, se hizo por algo más de 4 millones de euros. Gil subrayó que estas dos últimas islas "están siendo especialmente perjudicadas".

Fraude de ley

Por otro lado, Gil se refirió a las bajas, la oferta de licitación de las administraciones para que las empresas se hagan con las obras. En este sentido, afirmó que con las bajas que se están poniendo, que hay casos en los que pueden alcanzar un 60 por ciento, "no sólo se puede estar cayendo en fraude de ley" sino que puede conllevar la "quiebra" de quienes han sobrevivido hasta ahora.

Añadió que las bajas que se están fijando hace que, finalmente, a las empresas les cueste "el 50 por ciento" sobre el total de la adjudicación en un año. Esto lo que está provocando es que la administración pública se esté aprovechando de la licitación "en cubierta".

Y es que, según la presidenta de la AECP, el riesgo del 15 por ciento en un obra "se puede recuperar", sin embargo a partir del 20 por ciento se lleva a la "quiebra". De todos modos, se resignó subrayando que hay empresas que concurren a sabiendas de que "no van a ganar dinero; simplemente cubrir gastos".

En este sentido, señaló que lo que "más preocupa" son los riesgos laborales y que "gente que viene de fuera lo haga a costa de eso".

Gil también destacó que desde la Asociación que preside han recurrido más de 80 casos por considerar incumplimientos en diversas cuestiones a la hora de licitar, y de los que han ganado el 60 por ciento, en la provincia de Las Palmas.

Propuestas para dinamizar el sector

Por otro lado, y al ser cuestionada sobre las previsiones de este año, Gil reconoció que los recortes anunciados para las Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2012 "no son una buena noticia" aunque recordó que desde 2007 se ha ido reduciendo la inversión.

Sin embargo, señaló que desde la AECP se está proponiendo la cooperación pública-privada para poder llevar a cabo acciones de rehabilitación.

En este sentido, adelantó que próximamente esperan suscribir un convenio con el Gobierno canario para coordinar esa cooperación pública-privada con diferentes administraciones y empresarios, entre otros.

Gil citó algunas de las acciones que se están desarrollando, en el Sur de Gran Canaria, donde un promotor privado está realizando rehabilitación de alojamientos turísticos; pero esta medida se pretende ampliar con la cooperación pública-privada y de tal forma que el empresario rehabilite, realice la explotación y estime una renta por una serie de años.

Esta es una de las acciones previstas pero también se refirió a otras que se realizan ya con la Consejería de Vivienda, como es la reforma de viviendas nuevas pero que, al no venderse, salen al mercado como Viviendas de Protección Oficial, son las viviendas usadas.

En relación a si las obras se van a ralentizar o paralizar si no hay más inversión, aseguró que esto es algo que se lleva produciendo desde "hace tres años en todas" las obras públicas, se han ralentizado o han bajado el ritmo.

Finalmente, consideró que de cara a este 2012 "no se puede destruir más empleo" en la construcción que en servicios por el volumen, dijo, y por las empresas que han desaparecido ya pero, avanzó, que de suscribirse el acuerdo con el Gobierno canario en marzo, en el segundo semestre del año "se podría estar generando actividad".

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