La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) ha recordado este miércoles al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que "obligar a continuar con un embarazo no deseado es un acto de violencia tan grave como tratar de impedir que una mujer continúe con una gestación buscada y deseada".

Las clínicas han respondido así a las declaraciones de Ruiz-Gallardón en el Congreso, donde ha esgrimido que "muchas mujeres ven violentado su derecho a ser madres por la presión que generan a su alrededor determinadas estructuras". Para ACAI, "son las leyes de aborto penalistas y restrictivas, las que obligan a las mujeres a abortar en condiciones inseguras y clandestinas".

Los profesionales de los centros acreditados recuerdan al titular de Justicia que "una mujer que desea interrumpir su embarazo lo hará en cualquier circunstancia" y sostienen que las únicas iniciativas que frenan la tasa de aborto provocado son la educación sexual, el acceso real a la contracepción y las estrategias preventivas dirigidas a los colectivos más vulnerables.

"Medidas que, a la vista de sus políticas, no está dispuesto a promover el Ejecutivo popular", ha denunciado la asociación, quien considera sorprendente que el PP no quiera ahora esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su propio recurso.

También las Juventudes Socialistas de España (JSE) se han sumado a la crítica, al llamar "hipócrita al PP por utilizar la excusa de liberar a la mujer para volver a penalizar el aborto".

Esta organización considera que con el cambio de esta normativa se busca "contentar al sector ultraconservador del PP que quiere imponer sus valores morales al resto de la sociedad". Tampoco está satisfecha con las declaraciones del ministro la organización provida Derecho a Vivir, porque "Gallardón no entra en materia, aunque anuncia buenos principios de protección de la maternidad".

La plataforma lamenta que aun queda sin aclarar cuál es la apuesta del Gobierno respecto a los "coladeros ilegales" que se han sucedido en la legislación española sobre el aborto, tales como la salud psicológica de la madre a la que se acogen la mayoría de las mujeres para interrumpir su gestación.

El responsable de CC OO en la provincia de Toledo, Jesús García Villaraco, ha criticado la "amenaza" que se cierne sobre las mujeres en el tema del aborto y ha dicho que "ni la Conferencia Episcopal, ni monseñor Gallardón, son quienes para inmiscuirse en el derecho de la mujer a una maternidad responsable".

En una rueda de prensa con motivo del Día Internacional de la Mujer, García Villaraco ha lamentado el regreso "a tiempos de paternalismo trasnochado" en España y ha criticado el "olor a naftalina" y la "vuelta al pasado casposo y de sacristía" que, en su opinión, se está dando en el país.

"Ni la Conferencia Episcopal ni monseñor Gallardón son quienes para inmiscuirse en el derecho de la mujer a una maternidad responsable", ha clamado el dirigente sindical en su crítica al ministro de Justicia.

Ha subrayado que esto supondría "volver a tiempos de paternalismo trasnochado", donde se encarcelaba a las mujeres por interrumpir el embarazo en las primeras semanas y ha opinado que esto le "recuerda" a prácticas en algunos países, como lapidar a las mujeres por adulterio.

"Estaremos ahí para rechazar radicalmente que se metan en la vida privada de las personas los monaguillos y los sacristanes como Gallardón. No lo vamos a consentir y vamos a llamar a todos los trabajadores a oponerse a estos intentos", ha subrayado.

Las palabras de Gallardón han levantado una oleada de críticas en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde el hashtag #violenciaestructural se ha convertido rápidamente en uno de los temas del día. "Violencia estructural es tener menos derechos por ser mujer y no tener libertad para decidir cuándo y cómo ser madre", aseguraba @AmandaMeyerh, mientras que @patrii1990 opinaba que "es mejor abortar de forma legal, que lo prohíban y seguir abortando".

Muchos internautas mostraban confusión ante las palabras del ministro de Justicia ("por favor, que alguien me explique que es la violencia estructural referida por Gallardon" pedía @olgi77), pero el sentimiento de indignación ha sido el más extendido entre los tuiteros, que criticaban que 'violencia estructural' es "un salario mínimo de 641 euros" (@alejadlsantos), "saltarse la conciliación laboral" (@martishernang) o "que te deshaucien y todavía debas dinero" (@azoguegirl).