El Ayuntamiento de Zaragoza calcula solicitar unos 200 millones de euros para pagar a sus proveedores dentro de la línea de crédito creada por el Gobierno para financiar esta deuda de comunidades autónomas y entidades locales y que ascenderá a unos 35.000 millones.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde, el socialista Juan Alberto Belloch, ha explicado que su ayuntamiento está "en condiciones técnicas" de entregar antes del 15 de marzo las facturas que tenía pendientes el 31 de diciembre, dentro del plazo dado por el Ejecutivo. Se calcula que los créditos pueden estar concedidos antes del verano.

Belloch ha explicado que confía en que mejoren las condiciones de esta operación, aún por cerrar, y que el tipo de interés sea inferior finalmente al 5 por ciento que ha calculado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. "No parece razonable que los bancos consigan préstamos del Banco Europeo al 1 por ciento y tengamos que pagárselos luego al 5%, por qué tenemos que regalar cuatro puntos de intereses a los bancos, es injusto", ha denunciado.

El regidor aragonés ha reclamado también que se busquen fórmulas para obligar a las Comunidades Autónomas a pagar a los consistorios lo que les adeudan. "Hay muchísimos ayuntamientos que les bastaría con que la Comunidad les pagara sus deudas para salir de su situación de crisis. Las autonomías deben darse cuenta de que ya está bien, no tienen que tener ningún privilegio respecto a los municipios", ha exigido Belloch, para quien el municipalismo está logrando "cierta capacidad de influencia" aunque "siga siendo la hermana pobre".

Para el alcalde de Zaragoza, el siguiente paso debe ser una reorganización de la administración española y un equilibrio entre Estado, CCAA y municipios en competencias y en financiación. Este plan debe además incluir una reducción del número de ayuntamientos, superior a 8.000 —"absurdo"—, y dar un nuevo papel a las diputaciones, que "deben sobrevivir, pero para servicios muy concretos y ahí entra el asunto de evitar competencias simultáneas".

El "colapso" de jaén

El socialista Juan Alberto Belloch es senador y comparte el hemiciclo con alcaldes de otras localidades y partidos. Entre ellos, el de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, del PP, que también tiene previsto aprovechar la nueva vía de financiación para pagar, en su caso, 300 millones de deuda a proveedores y empresas concesionarias de servicios. Sólo una de ellas, FCC, encargada de la recogida de basura, tiene una factura pendiente de más de 80 millones, ha explicado el alcalde a Europa Press.

Fernández de Moya considera un "extraordinario beneficio" este plan de financiación tanto para los ayuntamientos como para miles de pymes y autónomos, "una inyección de liquidez al conjunto del Estado". Si Jaén recibe financiación para todas las facturas que va a presentar, habrá saldado la deuda a proveedores "en su integridad"; le quedarán pendientes, ha dicho, otra deuda financiera de 100 millones, 10 millones de pagos pendientes a la Seguridad Social y otros 30 por sentencias firmes. El saldo de tesorería es negativo y suma 168,2 millones.

"Ahora nos viene un esfuerzo extraordinario de cumplimiento de deberes en materia presupuestaria que las administraciones públicas tenemos que hacer", ha añadido el alcalde, que recuerda que "la segunda pata" de este plan es la obligación de presentar antes del 31 de marzo planes de consolidación de gasto. "La fiesta se ha acabado", resume.

A medio plazo, Fernández de Moya espera que esta sea la legislatura en la que se mejore la financiación municipal y se termine con las llamadas competencias impropias. "La Comunidad Autónoma se desentiende y los ayuntamientos con menores recursos hacen más gastos. Ha llegado el momento de una reflexión seria de futuro sobre la financiación de las administraciones públicas", añade.

Gastos según ingresos reales de los ayuntamientos

Otro alcalde y senador es Manuel Blasco (PP), primer edil de Teruel. Su ayuntamiento, según ha explicado a Europa Press, tiene un listado de facturas de proveedores pendientes de pago por unos 8 millones de euros: 4,5 millones del propio consistorio y 3,5 millones, de las sociedades municipales.

Advierte de que este plan es "bueno hoy", pero será necesario que la economía reaccione y produzca de nuevo ingresos municipales porque dentro de dos años tienen que empezar a devolver estos créditos. "No entran ingresos en el ayuntamientos, todas las previsiones presupuestarias se caen", asegura.

También para Manuel Blasco el tipo de interés debe bajar, aunque reconoce un avance que se sitúe en el 5 por ciento si la previsión de los bancos era cobrar entre el 8 o el 9 por ciento, "una desfachatez". "Es una operación sin riesgo, avalada por el Estado, las entidades tienen que garantizarse el cobro de la gestión y un mínimo interés, espero que el tipo esté entre el 3 y el 4 por ciento", señala.

Al igual que el resto de alcaldes, espera que se aproveche el contexto para reordenar las competencias y la financiación de las administraciones, aunque partiendo de la "autocrítica": los ayuntamientos han creado sociedades y plantillas a su juicio "innecesarias" y pagando subvenciones cuestionables en su opinión.

"Por ejemplo, a clubes deportivos, cuando la situación no lo permite, o actividades culturales minoritarias o de élite. No todo es cultura o fomento del deporte. Y hay ayuntamientos que dan ayudas al tercer mundo pero tienen que pedir créditos para pagar esas ayudas, la población lo tiene que saber", argumenta.

Preguntado por la reducción del mapa municipal, el alcalde de Teruel responde que no es el camino porque los ayuntamientos más pequeños ya comparten servicios y funcionarios con otros, "no tienen prácticamente empleados" y el ahorro para las arcas del Estado "va a ser mínimo". "El derroche ha venido de los ayuntamientos grandes y de las Comunidades. Por ejemplo, con los aeropuertos", censura.

En el caso de su ayuntamiento, asegura que suma unas 400 nóminas para atender a los 36.000 vecinos de la ciudad y que esa cifra tiene que reducirse, aunque "con tiempo". También el de las sociedades municipales. "Nosotros ya habíamos empezado, pero que el Gobierno nos obligue a desmantelar parte de esa administración paralela nos va a venir bien", concluye.

Sin deudas

A diferencia de estos casos, otros ayuntamientos no necesitarán recurrir a este plan de pago a proveedores, como son los casos de Málaga o de Melilla. El presidente de la ciudad autónoma y senador Juan José Imbroda, ha explicado a Europa Press que en su ciudad se "ha cumplido escrupulosamente con la estabilidad presupuestaria".

"Probablemente no nos acojamos a ningún tipo de crédito porque no nos haga falta. Nuestro problema es que necesitamos más inversión pública", asegura, para reclamar entre otras cosas que se realice la ampliación del puerto.