La Agrupación socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla) ha defendido este viernes a su secretario general, Sotero Manuel Martín Barrero, ante las "difamaciones" del PP y sus intentos de involucrarle en la trama que investiga la juez Mercedes Alaya en cuanto al destino de los fondos de la partida presupuestaria 31L, de la que habrían emanado ayudas autonómicas ajenas a la fiscalización y el control administrativo. Los socialistas de Cazalla, así, han respaldo el pronunciamiento en el que Martín Barrero defendía que nunca ha sido "accionista de ninguna empresa beneficiaria" de subvenciones procedentes de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, investigada por la juez Alaya.

Los diputados provinciales del PP Eloy Carmona y Virginia Pérez, en rueda de prensa, han asociado a Sotero Manuel Martín Barrero con la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. En concreto, han avisado de los "cargos" de este hombre en sociedades relacionadas con el empresario Ángel Rodríguez de la Borbolla que habrían gozado de subvenciones procedentes de este fondo que habría escapado a la preceptiva fiscalización administrativa.

Sotero Manuel Martín Barrero, de su lado, ha explicado que, desde abril de 2002 al 16 de octubre de 2006, fue trabajador por cuenta ajena de 'Corchos y Tapones de Andalucía' "con funciones de director financiero y director de calidad, no ostentando algún otro cargo ni poder para firmar transacciones económicas ni jurídicas". Además, y mediante un comunicado, señalaba que fue "fundador" de 'Enoworld S.L.' y administrador solidario de esta empresa hasta el 27 de Enero de 2005.

A partir de ese momento, "debido a la transmisión de mis participaciones, la sociedad limitada pasó a ser unipersonal de Ángel Rodríguez de la Borbolla", con lo que cuando 'Enoworld' ingresó las ayudas investigadas, "hacía nueve meses que había dejado de ser accionista y administrador solidario de la sociedad".

"No he sido accionista de ninguna empresa beneficiaria de ayudas del programa presupuestario 31L de la Consejería de Empleo. Cualquier afirmación en sentido contrario constituye una falsedad", defiende el aludido, quien además subraya que "en el desempeño de mi trabajo como economista, siempre he actuado con el máximo rigor y dentro de las normativas vigentes fiscales, contables y jurídicas".

"En los tres ejercicios completos en los que trabajé en la empresa 'Cortansa', esta realizó sus auditorías externas tal y como marca la Ley, sin que exista alguna observancia en alguno de los sentidos de esta comunicación. En ese tiempo y hasta 2008, no ocupé cargo ejecutivo orgánico alguno en ningún partido político", concluye.

En un comunicado, la Agrupación socialista de Cazalla de la Sierra ha respaldado plenamente estos argumentos y ha apoyado al "máximo" y "totalmente" a su secretario general ante las "difamaciones" del PP, al que han acusado de una "evidente y notoria manipulación" de los hechos para "desprestigiar" a Martín Barrero solo por liderar el PSOE de este municipio de la Sierra Norte e intentar "arañar algunos votos" a través de métodos de "baja catadura moral".