El juzgado de lo Social número 32 de Madrid ha declarado ilegales las ayudas sociales de las que, desde 2004, y por iniciativa de Alberto Ruiz-Gallardón, se venían beneficiando los altos cargos y personal de libre designación (no los concejales) del Ayuntamiento de Madrid.

Según la titular del juzgado, el personal directivo, los directores, secretarios generales y los responsables de las empresas públicas y organismos autónomos no tienen derecho a acceder a estos beneficios, pese a que así lo aprobó el pleno municipal en 2004.

El convenio colectivo vigente en el Ayuntamiento desde entonces les excluía expresamente, por lo que la juez invita al Consistorio a crear un fondo propio y diferente dotado presupuestariamente para ello. Según fuentes municipales, la sentencia no será recurrida ni se recuperarán las ayudas debido al estado de las arcas públicas locales.

Hasta ahora, según denunció CC OO, los altos cargos accedían tanto a las ayudas para la guardería (100 euros mensuales y hasta un máximo de 1.100 euros, correspondiente a once mensualidades para padres que se incorporasen tras parto, adopción o acogimiento) como a los 593,37 euros para lentillas, aparatos auditivos, arreglos y prótesis dentales, aparatos ortopédicos, prótesis para enfermos de cáncer o alimentos para celíacos e intolerantes a la lactosa (vea aquí las partidas completas)

El resultado, criticaba el sindicato, era que el fondo previsto para estos gastos se agotaba mientras trabajadores de categorías salariales inferiores se quedaban sin las ayudas.

CC OO llevó el convenio a los tribunales en abril de 2011. A finales del mes de noviembre, el grupo municipal de UPyD se hizo eco de la cuestión presentado en el pleno del Ayuntamiento una propuesta para suprimir este beneficio a los que más ganaban. "Permite que un alto cargo se gaste 600 euros en unas gafas de diseño y que agote una parte de la partida cuando ese dinero le haría más falta a otro trabajador de rango inferior", justificó el partido.

En su iniciativa, el concejal Jaime Berenguer exigía, además, que los concejales prescindiesen de prebendas como los carnés del Club de Campo o las entradas para conciertos, toros, funciones y espectáculos que se repartían a los grupos municipales. PP, PSOE e IU rechazaron la propuesta por ser algo que, a su juicio, "poco tiene que ver" con los intereses reales de los madrileños.

Tras obtener la razón de los tribunales, CC OO ha recordado que no se debería haber llegado a esta situación: "Ayudas que, a través de la negociación colectiva, fueron concebidas para paliar déficits de nuestro débil Estado del Bienestar no deberían nunca haber servido para que personal con altas retribuciones se beneficiaran de las mismas".