El consejero de Medio Ambiente y Urbanismo, Javier Fernández, ha afirmado que su departamento intentará "agilizar al máximo posible" el pago de las indemnizaciones por daños morales a los propietarios de viviendas con sentencia de derribo en Arnuero y Argoños, indemnizaciones que suman, según ha señalado en declaraciones a Europa Press, "casi un millón de euros", y que el Gobierno espera pagar "poco antes del verano".

Por otro lado, el consejero ha destacado que su objetivo es "tener resuelto el grueso de la cuestión" antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la Ley de Derribos "por si la solución que da no es la que nosotros quisiéramos".

El consejero estima que "en un par de años por lo menos" el TC no se pronunciará sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) a la última reforma de la Ley del Suelo, conocida como 'Ley de Derribos', que establece que los propietarios de viviendas afectadas por sentencias de demolición deben cobrar las indemnizaciones por daños morales antes del derribo.

"Esperemos que en ese tiempo estén al menos encauzados casi todos los supuestos, algunos de ellos ya resueltos y otros en el camino correcto", subrayó el titular de la Consejería de Urbanismo. Sobre las indemnizaciones a las que el Gobierno hará frente este año con cargo a la partida consignada para tal fin en los presupuestos regionales, Fernández ha recordado que son "un número importante" de afectados, entre los que figuran todos los propietarios de La Arena que reclamaron.

"Ya va siendo hora de que una reclamación a la que tenían derecho desde hacía tiempo se materialice y de alguna manera se compensen esos daños que los propios tribunales ya pusieron de manifiesto", destacó el consejero tras reiterar su compromiso de agilizar el pago de las indemnizaciones "al máximo posible".

Por otro lado, destacó que en el caso concreto de Argoños, el Ayuntamiento ya está llevando a cabo expedientes concretos para proponer a los órganos judiciales la legalización de cuatro viviendas. Y en la mayoría de los Ayuntamientos afectados se está trabajando en los planes que es necesario modificar para poder luego solicitar las correspondientes legalizaciones.

En cuanto a los derribos, el consejero recordó que en el caso de Cerrias se ha abierto una "línea alternativa", de forma que junto al procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial que se va a abrir, se ha acordado con los propietarios afectados crear un grupo de trabajo para analizar las posibilidades que se puedan derivar de cambios legislativos en la Ley de Costas.

"Si la reforma de la Ley de Costas ampara posibles soluciones legalizadoras, lógicamente el Gobierno las va a atender", subrayó el consejero de Urbanismo en declaraciones a Europa Press, sin perjuicio de que en paralelo, añadió, el Plan de Derribos sigue su tramitación "como ya acordamos con los propios afectados".