El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha elevado hasta unos 52.000 millones de euros el saneamiento adicional que debe acometer la banca española para cubrir su riesgo inmobiliario según los nuevos criterios del Gobierno.

"Es un esfuerzo muy sustancial", avisó el ministro durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados. De Guindos defendió el decreto que aprobó la reforma financiera el pasado 3 de febrero, al enmarcarla dentro de una serie de "medidas profundas" para afrontar la "situación de emergencia" que sufre la economía.

En su comparecencia, De Guindos recordó que las previsiones apuntan a un "empeoramiento" de la economía y del mercado laboral. Para el ministro, la caída prevista de la actividad del entorno del 1,5% se verá reflejada en el mercado de trabajo. "Los datos son alarmantes, hablan por si solos", enfatizó.

De nuevo en su justificación de la reforma para sanear los balances bancarios, De Guindos avisó de que España es uno de los países donde más se contrae el crédito. "El sector financiero no ha conseguido cumplir con su papel canalizador del crédito", explicó.

De Guindos calculó a principios de enero que las nuevas provisiones supondrían un esfuerzo próximo a los 50.000 millones de euros, aunque luego fuentes del Ministerio de Economía barajaban la idea de que no se llegaría a esta cifra.

Sin embargo, durante su intervención en el pleno del Congreso para defender la reforma financiera, el ministro ha dicho que el esfuerzo superará esa cifra y rondará los 52.000 millones de euros.

El PP ha sacado adelante este jueves la convalidación de la reforma del sistema financiero, aprobada el pasado 3 de febrero en el Consejo de Ministros, con el respaldo de los socialistas, que ya anunciaron su voto favorable esta semana porque consideran que el real decreto supone "una continuación" de la reforma que promovió el Gobierno socialista en julio de 2010.

El pleno del Congreso ha convalidado el decreto de reforma financiera por 303 votos a favor, 26 en contra y 6 abstenciones.

La portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, avanzó el respaldo de su grupo a esta reforma, aunque también reclamó la creación de una subcomisión sobre fusiones dependiente de la Comisión de Economía para controlar que se hacen con "criterios de eficacia" y "garantizando la viabilidad de las entidades resultantes", así como que el crédito llega a la economía real.

Por su parte, el responsable de Economía del PSOE, Valeriano Gómez, también había pedido que se establezcan objetivos de crecimiento de crédito "transparentes y evaluables" en todas las fusiones y que se vigilen los indicadores de competencia, la deuda bancaria y el uso que se hace de los recursos públicos destinados a financiar este proceso.