Morera, tras la Junta de Portavoces, ha instado también a la Generalitat a que, en caso de no haber sido así, pida "las facturas" porque "el delito en que puede haber incurrido Urdangarin prescribe a los cuatro años".

Por su parte, el diputado de EUPV Ignacio Blanco ha indicado que su grupo ha presentado un recurso a la Mesa de las Cortes Valencianas contra la decisión de la Junta de Portavoces de la semana pasada de no admitir a trámite la convocatoria de una comisión parlamentaria con la comparecencia del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, del exconsejero de Economía Gerardo Camps y los exdirectores de CACSA, José Manuel Aguilar y Jorge Vela, para explicar las relaciones con Nóos.

Blanco ha advertido de que en caso de que la Mesa de las Cortes Valencianas no se pronuncie favorablemente a sus intereses, se plantean recurrir la decisión ante el Tribunal Constitucional. El recurso advierte de que las personas sobre las que solicitan su comparecencia ostentaban responsabilidades que les hacían "competentes" en la materia tratada.