El proyecto de ley de protección general de las personas consumidoras y usuarias de Galicia seguirá su tramitación parlamentaria, después de que este martes fuesen rechazadas por la mayoría del PP en el pleno de la Cámara gallega las enmiendas a la totalidad de socialistas y nacionalistas, grupos que criticaron que esta norma tiene diversas "carencias" y que "llega tarde".

La normativa, que fue aprobada por el Consello de la Xunta el pasado 10 de noviembre, fue defendida por el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, quien ha resaltado que está encaminada a "defender a la parte más débil" dentro de las relaciones mercantiles con "un carácter protector de los intereses de los consumidores y los usuarios". Todo ello, con el convencimiento de que "la intervención de los poderes públicos es obligada" para que el mercado "funcione de forma eficiente".

Además, ha justificado la presentación de este texto legal en la necesidad de sustituir al Estatuto Galego do Consumidor, del año 1984, y en la importancia de que Galicia cuente con una ley "en la vanguardia de la protección" de los usuarios ante un mercado con "una oferta variada que, a veces, es causa directa de que los productos no alcancen la calidad prevista".

"Es una ley altamente demandada", ha sostenido el titular de Economía, quien ha hecho hincapié en que la norma "da seguridad jurídica" y "controla" los derechos y las obligaciones de empresarios y consumidores y establece "un régimen sancionador" que atiende especialmente a la seguridad de los productos.

"nace vieja"

Tras el conselleiro, el primero en tomar la palabra fue el diputado del BNG Fernando Branco Parga quien ha admitido, al igual que posteriormente hizo el socialista Juan Carlos Francisco Rivera, que esta ley es necesaria, pero ha lamentado que "nace vieja".

En este sentido, ha argumentado que no aborda cuestiones relacionadas con el consumo responsable desde el punto de vista social, económico o medioambiental y ha criticado que no incluye la compra o alquiler de viviendas ni de productos financieros, pese a que es éste último un campo en el que muchas veces los usuarios "compran sin saber lo que están comprando".

También en este extremo ha insistido Francisco Rivera, para quien "miles de gallegos" se están viendo "atrapados en una especie de corralito financiero", por el "bloqueo de sus ahorros" debido a la compra de participaciones preferentes de las extintas cajas gallegas.

Además, ambos portavoces de los grupos de la oposición han evidenciado que la norma no atiende a las personas que realicen compras por Internet o a distancia y el parlamentario socialista ha advertido de que la ley "se olvida de la limitación en los contratos de adhesión para proteger a los usuarios de cláusulas abusivas", sobre todo, en los productos básicos.

A mayores, el socialista ha censurado el "exceso de peso" dentro del proyecto legal del régimen sancionador, que supone "más de un 40 por ciento" del texto, pese a ser una norma "reguladora de derechos". Por su parte, Branco Parga ha criticado el "lenguaje sexista" utilizado en la redacción de sus artículos, que ha atribuido a los "prejuicios ideológicos" del PP.

Finalmente, la parlamentaria del PP Cristina Romero ha rebatido sus críticas afirmando que esta ley pone fin a la "dispersión normativa" existente en lo relativo a los derechos de los consumidores, algo que ha considerado "imprescindible"; y ha defendido que la norma "llega lo más lejos que puede llegar" dentro del marco competencial gallego.

Características de la norma

Entre las características de la norma que ha destacado Javier Guerra está el reconocimiento de derecho de los consumidores en Galicia a usar las dos lenguas cooficiales y la "especial preocupación" por la protección de los colectivos con necesidades específicas, para lo que se creará un observatorio sobre precios de bienes y servicios.

Además, en cuanto a las compañías dedicadas a la prestación de servicios básicos, las que ocupen bienes del dominio público deberán tener oficinas físicas de atención al cliente y las que no, habrán de disponer de un número de teléfono gratuito y un correo electrónico.

Para las reclamaciones, se fijará la obligación que la empresa responda en un plazo máximo de un mes; mientras que, en el caso de servicios de carácter continuado, el plazo se reducirá a "horas". En cuanto a la resolución de conflictos, tal y como ha explicado Guerra, la norma apuesta por "la resolución extrajudicial", a través de herramientas como la mediación y el arbitraje".

También se creará la Red de Alerta Gallega de Productos de Consumo, en el que se involucrará a los servicios médicos y a los órganos competentes en materia de trabajo para que "contribuyan a la seguridad de los consumidores". En este punto, ha resaltado que Galicia "es la primera comunidad en detección de productos inseguros" gracias al Instituto Galego de Consumo, que tiene el único laboratorio público oficial y acreditado en ropa y juguetes.

Otra de las críticas de la oposición se centró en la "indefinición" de estos órganos y en su sistema de financiación, que no aparece, según han dicho, reflejado en el texto que este martes fue objeto de debate en la Cámara autonómica.