El juzgado de Instrucción número 5 de Madrid ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo, por segunda vez, de la investigación del 'caso espías', los supuestos seguimientos a políticos del Partido Popular en 2008 por personal de la Consejería de la entonces denominada de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Esperanza Aguirre.

Según el auto con fecha 6 de febrero al que ha tenido acceso 20minutos.es, la magistrada Carmen Valcarce ha incorporado al procedimiento nuevas pruebas (no así nuevos testigos) solicitadas por la acusación popular, que ejerce el Partido Socialista de Madrid (PSM).

Sin embargo, vuelve a cerrar la investigación por las mismas razones que lo hizo la vez anterior: considera que no existen pruebas suficientes de que los coches oficiales de la Consejería o los teléfonos móviles de los cinco asesores investigados hayan sido usados en los presuntos seguimientos.

Así, descarta que se hayan usado fondos de la Comunidad de Madrid para actividades ajenas, de forma que no puede probarse que exista malversación de dinero público. En su primer auto de archivo concedió que hubo vigilancias, pero consideró que seguir a una persona "no constituye infracción penal alguna".

Contra la última decisión cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación en tres días ante el mismo juzgado o recurso de apelación a resolver por la Audiencia Provincial de Madrid. El PSM no ha comunicado aún si ejercerá este derecho.

Esta es la segunda vez que Carmen Valcarce archiva la causa por supuesto espionaje.

Según la acusación popular y las denuncias presentadas Alfredo Prada, exconsejero del Gobierno regional enfrentado a Esperanza Aguirre, y Manuel Cobo, anterior vicealcalde de Madrid y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, cargos del PP de Madrid fueron sometidos a seguimientos por parte de los asesores de seguridad de la Consejería de Interior.

Al frente de la misma estaba Francisco Granados. Los asesores, después imputados en la causa, eran el exdirector general de Seguridad Sergio Gamón; los exguardias civiles José Oreja, José Luis Caro y Antonio Coronado; y el empleado José Manuel Pinto.

La supuesta trama, destapada por el diario El País, se materializaba en torno a unos partes de seguimiento que incluían los movimientos de los afectados, así como notas sobre su actividad diaria. Tanto Cobo como Prada ratificaron ante el juez que los detalles de los partes coincidían con su agenda pública y privada.

En una primera declaración, los acusados negaron la autoría de los partes y su participación en cualquier seguimiento. Después, ya ante el juez, afirmaron haber hecho tareas de seguridad en torno a la presidenta Esperanza Aguirre, el vicepresidente Ignacio González y algunos consejeros.

La Comunidad de Madrid definió estas actividades como "contravigilancias" para comprobar la fiabilidad de las medidas de seguridad aplicadas. Cobo llegó a declarar a El País que el gobierno de Esperanza Aguirre había montado "una 'gestapillo'" para espiarle.

La juez no consideró concluyentes las pruebas de situación de los teléfonos móviles de los acusados, que, en determinados casos, coincidían con la ubicación de los supuestos espiados. Tampoco las pruebas caligráficas para atribuir la autoría de los partes, que en unos casos coincidían con la de los investigados y en otros no. Por ello, archivó la causa en julio de 2010.

En el apartado político, la comisión de investigación abierta en la Asamblea de Madrid, dirigida por el Partido Popular, con mayoría en la cámara, había concluido en marzo de 2009 que no hubo espionaje.

El exdirector general de Seguridad, Sergio Gamón, dimitió en junio de 2010 después de que su exmujer, Yolanda Laviana, declarase a El País que su marido espiaba a las órdenes del vicepresidente de Aguirre, Ignacio González, enfrentado con Francisco Granados. Laviana, que había sido secretaria de Aguirre durante su etapa como presidenta del Senado, fue destituida inmediatamente de su puesto de secretaria del presidente de Telemadrid, Manuel Soriano.

Tras el recurso presentado por el PSM (la dirección nacional del Partido Popular obligó a Alfredo Prada y a Manuel Cobo a retirar los suyos, mientras que la Fiscalía no presentó escrito) la Audiencia Provincial de Madrid ordenó a la juez Valcarce reabrir el caso en marzo de 2011 para practicar las pruebas que quedaron pendientes. Según la sección 16, debía investigarse a fondo si se usó, y, en ese caso, cuánto dinero público se desvió para espiar a Prada y Cobo.

El caso volvió al juzgado número 5 de instrucción de Plaza de Castilla. Carmen Valcarce ha incorporado a la causa las facturas de repostaje de los coches y el registro de llamadas realizadas entre los implicados. De ellos, sentencia en su segundo auto de cierre conocido este martes, tampoco infiere "un destino de los mismos ajeno a la función pública". El PP de Madrid ha celebrado esta decisión.