El rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, ha remitido un escrito a los miembros de la comunidad universitaria informándoles de que, debido a impagos por parte de la Junta de Andalucía por valor de unos 43 millones de euros, la institución sólo cuenta con fondos para hacer frente al pago de las nóminas.

En dicho escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el rector expone que una vez efectuado el cierre del presupuesto en todas las administraciones de la Universidad se está procediendo a la elaboración de las preceptivas cuentas de liquidación e informes que han de presentarse según la normativa del Plan de Saneamiento.

En cuanto a los compromisos de subvención de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía para el pasado año con la Universidad gaditana, existen derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2011 por un importe de 42,99 millones de euros —38,42 millones correspondientes a financiación operativa, tres millones de euros correspondientes al Plan Plurianual de Inversiones y el resto corresponde a subvenciones para la investigación—. La UCA, en consecuencia, no ha recibido el 40 por ciento del presupuesto del año pasado, deuda reconocida por la Junta de Andalucía.

Aproximadamente un 85 por ciento de la financiación operativa se destina al pago de las nóminas. Durante el pasado 2011, "hemos hecho frente al pago de las mismas y al resto de gastos empleando nuestro remanente de tesorería", según señala el rector, que añade que desde la Secretaría General de Universidades de la Junta de Andalucía les han transmitido que "durante los primeros meses del 2012 las cantidades a transferir cubrirán exclusivamente el pago de las nóminas, como así ha ocurrido ya en el mes de enero".

Como consecuencia de lo anterior, los ingresos previstos para el funcionamiento de la Universidad, al margen de las nóminas, van a ser "mínimos o inexistentes" y los fondos líquidos de tesorería, tras un descenso desde los últimos años, "pueden ser insuficientes".

Ante ello, Eduardo González Mazo ha querido "reconocer" a la comunidad universitaria su "esfuerzo frente a esta considerable merma en los ingresos de la UCA", a la vez que ha solicitado "una mayor responsabilidad si cabe en la gestión del gasto".

INFRAESTRUCTURAS

En el capítulo de infraestructuras, la Secretaría General de Universidades ha transmitido a la UCA que la única vía posible para la obtención de la financiación que resta para concluir la Escuela Superior de Ingeniería serán los fondos procedentes del Banco Europeo de Inversiones, previa correspondiente convocatoria.

Con respecto a los compromisos adquiridos con la UCA por la Junta de Andalucía, en virtud del acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de 2007 y dentro del Plan Bahía Competitiva para el desarrollo de esa infraestructura, explica el rector que el gabinete jurídico de la institución académica "está trabajando para el cumplimiento en sus propios términos".

Por otro lado, el Consejo Andaluz de Universidades, celebrado en Cádiz el pasado 23 de enero, aprobó la financiación para los campus de excelencia andaluces. Recuerda que la Junta se comprometía a garantizar con fondos propios la financiación del proyecto Cei.mar, al que se asignaba la cantidad inicialmente prevista de 4,8 millones de euros, cuyo ingreso "estamos aún pendientes de recibir".

Nuevo decreto ley

Respecto al Real Decreto Ley 20/2011, ha expresado el "firme convencimiento" de que el objetivo del mismo "no es la regulación de las Administraciones Públicas o de las Universidades Públicas", sino que, como su propio título indica, es un Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera "para la corrección del déficit público".

En este sentido, asegura que desde la UCA se está trabajando para que su aplicación "no lesione nuestra autonomía universitaria" que, como señala la legislación, comprende la selección, formación y promoción de su personal docente e investigador y de administración y servicios, la elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos y el establecimiento y modificación de sus relaciones de puestos de trabajo.

Así las cosas, el rector ha informado de que los servicios jurídicos de la Universidad gaditana están evaluando las incidencias que el Real Decreto-Ley tiene en dicha institución, "a fin de alcanzar el necesario equilibrio entre el indicado objetivo de reducción del déficit público y la prestación del servicio público de la educación superior de calidad que la sociedad nos demanda y que justifica nuestra existencia como institución".