Lokarri promoverá consensos en la sociedad vasca para definir "una hoja de ruta compartida" y poder presentar propuestas al Gobierno que estén "reforzadas por la legitimidad otorgada por instituciones, partidos y la ciudadanía", tras constatar en su Asamblea General Extraordinaria, celebrada en San Sebastián, que el Ejecutivo de Rajoy se ha "embarcado en una espiral de fijación de nuevas condiciones para cambiar la política penitenciaria o abrir contactos con ETA para tratar el desarme".

Además, la Red ciudadana por el acuerdo y la consulta se ha marcado con objetivos de trabajo para el próximo año "difundir y reivindicar" la Declaración de Aiete, facilitar el diálogo e impulsar la reconciliación social.

Se trata de la primera Asamblea de Lokarri tras promover la Conferencia Internacional de San Sebastián y después del posterior anuncio por ETA del cese de la actividad armada. El objetivo principal del encuentro ha sido desarrollar un proceso de debate y reflexión sobre las prioridades que deben guiar la actuación de Lokarri en los próximos meses.

En un comunicado, Lokarri ha explicado que, una parte importante de la Asamblea, se ha dedicado a analizar la situación del proceso de paz. En este sentido, ha aludido a "la principal dificultad a la que se enfrentaba la consolidación de este momento histórico, era la ausencia de movimientos positivos por parte del nuevo gobierno del Partido Popular".

"Precisamente, los colaboradores de Lokarri han subrayado que lo sucedido estos últimos días ha venido a confirmar que ahora el Gobierno no está dispuesto a aportar constructivamente y, es más, se ha embarcado en una espiral confusa de fijación de nuevas condiciones para cambiar la política penitenciaria o abrir contactos con ETA para tratar la cuestión del desarme", ha indicado.

Política penitenciaria

En lo que se refiere a la política penitenciaria, cree que el Gobierno "está marcando un camino que conduce a la imposibilidad de lograr soluciones y que será muy difícil de desandar".

"Sus continuas apelaciones a la exigencia de que las personas presas tienen que pedir perdón para acceder a beneficios penitenciarios o, simplemente, para ser acercados a sus lugares de origen, están alejadas de los criterios de concreción y seguridad", ha apuntado.

Por ello, Lokarri considera que "el Gobierno debe clarificar a qué se refiere con esta exigencia de perdón". "¿Basta con reconocer el daño causado?, ¿responsabilizarse de reparar a las víctimas?, ¿pedir perdón cara a cara?, ¿comprometerse con no verse implicado de nuevo en la violencia?", se pregunta.

Contactos con eta

Sobre las posibilidades de abrir contactos con ETA, ha recordado que el Gobierno "también se mueve en la indefinición absoluta". "Si hace una semana el ministro de interior afirmaba que, 'si en una campa del País Vasco vemos unas cuantas armas, sería una forma de empezar a visualizar el final', ahora afirma que es necesaria una declaración 'muy formal y seria de disolución'. Da la sensación de que el Gobierno está construyendo una escalera de exigencias", ha lamentado.

Asimismo, la red ciudadana ha precisado que el Ejecutivo del PP también añade "nuevas condiciones para dar pasos en un intento por autojustificar una postura que no aporta nada a aprovechar la gran oportunidad abierta".

Pese a todo ello, la Asamblea de Lokarri ha subrayado su "deseo y esperanza de que el Gobierno entienda que es la propia ciudadanía vasca la que pide y necesita su contribución activa a la consolidación de la paz".

Por ello, ha aprobado que su principal línea de trabajo será "contribuir a alcanzar consensos en la sociedad vasca para definir una hoja de ruta compartida". De esta forma, "se concretará la voluntad de la sociedad vasca y se podrá presentar ante el Gobierno español una serie de propuestas reforzadas por la legitimidad otorgada por las instituciones, los partidos y el conjunto de la ciudadanía vasca".

Con este objetivo, este colectivo ha anunciado que trabajará durante este año en tres líneas fundamentales: difundir y reivindicar el contenido de la Declaración de Aiete, "en la medida que es una hoja de ruta constructiva y concreta para consolidar la paz"; promover y facilitar el diálogo, tanto entre los partidos políticos como en el conjunto de la ciudadanía; y presentar propuestas para el impulso del proceso de reconciliación social".