"Sesión de emergencia" en el Parlamento palestino para debatir el referéndum de Abás

El Consejo Legislativo palestino celebra hoy una "sesión de emergencia" para debatir la legalidad del plebiscito decretado por el presidente Mahmud Abás sobre el "plan de los prisioneros", al que se opone el primer ministro Ismail Haniye.
Haniye impugna ese plan pues propone el establecimiento de un estado palestino independiente junto al de Israel, a cuya existencia se opone su Movimiento de la Resistencia Islámica (Hamás).
El primer ministro palestino, Ismail Haniya, y el presidente de la ANP, Mahmud Abás, en una reunión que mantuvieron el sábado. (EFE)
El primer ministro palestino, Ismail Haniya, y el presidente de la ANP, Mahmud Abás, en una reunión que mantuvieron el sábado. (EFE)
Abd Alhalim Abu Askar/EFE
El primer ministro palestino, Ismail Haniya, y el presidente de la ANP, Mahmud Abás, en una reunión que mantuvieron el sábado. (EFE)

Abás, presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y líder del movimiento nacionalista Al Fatah, rival de Hamás, convocó el plebiscito para el 26 de julio por medio de un decreto dado a conocer el pasado sábado en la ciudad cisjordana de Ramala, aunque si en este periodo se llega a un acuerdo, la consulta podría llegar a anularse.

Haniye, que esta noche se reunirá por tercer día consecutivo con Abás para limar asperezas, prefiere resolver las diferencias entre los bandos por medio de "un diálogo nacional", pues los sondeos indican que en un referéndum se impondrían Abás y Al Fatah por amplio margen.

El plan de la discordia

El "plan de los prisioneros", difundido hace menos de un mes por reclusos de distintas facciones palestinas en la cárcel israelí de Hadarim, aboga por la suspensión de los ataques de la resistencia y reconocer el estado de Israel,  un plan que, obviamente, ha sido bien acogido por el  primer ministro israelí, Ehud Olmert, pero al que Hamás se opone frontalmente.

La sesión extraordinaria del Parlamento y la del Gabinete Nacional se celebrarán bajo la amenaza de una nueva campaña militar de Israel contra milicianos palestinos de Gaza, después de un fin de semana de enfrentamientos, tras la muerte de siete civiles palestinos por la explosión de un supuesto proyectil de la artillería israelí en una playa del norte de Gaza.

Una decisión inapelable

El rechazo del "plan de los prisioneros" es una decisión inapelable, aún para el primer ministro Haniye, del "Comité de la Shura", organismo superior de Hamás en el que está representada la Hermandad Musulmana, y que delibera en Damasco, capital de Siria.

Ese Comité, presidido por el líder político de Hamás, Haled Mashal, exiliado en ese país, también aprobó la participación de los batallones de Azedín al Kasem, su brazo armado, en los ataques de represalia contra objetivos civiles de Israel por la muerte de los siete palestinos en la playa de Gaza, según fuentes palestinas.

Tensiones dentro del partido

Fuentes cercanas a las conversaciones han contado que "se siente una tirantez" entre Haniye, del sector moderado de Hamás, que les exhorta a contenerse, y Mashal, a quien atribuyen haber afirmado que "la resistencia debe ser en toda Palestina", lo que significa también dentro de Israel.

Se siente una tirantez entre Haniye, del sector moderado de Hamás y los grupos más radicales del movimiento

Al concluir anoche una segunda conferencia de Abás con Haniye, el presidente de la ANP indicó a los periodistas que, en rigor, el Consejo Legislativo, donde gozan de holgada mayoría los diputados de Hamás, no está facultado para decidir sobre el referendo de julio, ya que ésta "es atribución exclusiva del presidente".

Necesitan mayoría de dos tercios del Parlamento

En caso de exigir los legisladores islámicos una votación en torno del plebiscito, la ley básica exige que consigan dos tercios de los votos entre los 132 diputados de la cámara más uno.

Hamás, pese a que venció holgadamente a Al Fatah en las elecciones del pasado 25 de enero y cuenta con 74 escaños en la cámara, tendrá difícil, según analistas parlamentarios, lograr esos imprescindibles dos tercios para impugnar, aunque sea "moralmente", el referendo del presidente.

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