La Conselleria de Justicia y Bienestar Social considera "incomprensibles e inaceptables" las medidas adoptadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Alicante (Icali) —similares a las aprobadas por la junta de gobierno del Icav—, ya que "afectan a actividades o servicios que no sólo no han sido objeto de ningún recorte, sino que se han visto incrementados notablemente en su retribución en 2012".

Así lo han señalado fuentes de este departamento en un comunicado tras conocer las medidas de "reorganización" de los servicios de turno de oficio y asistencia al detenido anunciadas por el Icali, que comenzarán a aplicar el 6 de febrero y que tendrán una duración de dos meses prorrogables, en protesta por la "modificación unilateral de los baremos retributivos de los abogados".

La Conselleria ha expresado su "sorpresa e indignación" ante el anuncio de que recortará determinados servicios y lo que considera "medidas de presión".

En concreto, consideran "incomprensible e inadmisible" la suspensión o reducción de casi la totalidad de los Servicios de Orientación Jurídica porque se pagan con cargo al 8 por ciento del presupuesto destinado a retribuir el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita. Por tanto, según las mismas fuentes, a principios de 2011 se abonó 1.325.520 euros y "en cuanto se abra el presupuesto de 2012 se abonará por anticipado el importe de todo el año, que ascenderá a 1.485.520 euros".

Al respecto, desde Justicia han remarcado que "no se adeuda nada" por esos servicios del año 2011, ya que "se pagaron íntegramente y por anticipado a principios del citado año". Es más, han subrayado que "está previsto que en 2012 se paguen 160.000 euros más que el pasado año", lo que supone un incremento del 12,07 por ciento.

Así, sostiene que esas retribuciones "ya eran sobradamente dignas" y con ese aumento del 12,07 por ciento, "lo van a ser más todavía". Por este motivo, considera que "resulta incomprensible e inadecuado pretender que un único abogado" preste este servicio "un solo día a la semana —de 9.00 a 13.30 horas—" en Alicante y "uno de cada 15 días" en las Delegaciones del Colegio en otras poblaciones.

En este sentido, argumenta que hasta ahora, según datos que obran en la Consellería facilitados por el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, "se venía prestando esta atención al público por dos letrados al día, cinco días a la semana, de 9.30 a 13.30 horas".

En cuanto a la medida de no designar provisionalmente abogado y procurador hasta que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita se pronuncie reconociendo el derecho, han señalado que según el artículo 15 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, los colegios profesionales de abogados y procuradores "están obligados" a designar con carácter provisional si el ciudadano reúne los requisitos exigidos y, según el artículo 21, en los casos que lo requiera el juez, con independencia de la resolución o no por la Comisión.

Respecto al resto de "medidas de presión" adoptadas, desde la Conselleria esperan "una actitud profesional y responsable de los colegiados y sus representantes, acorde con la legalidad vigente".