El gabinete jurídico del Gobierno de Extremadura analiza las hipotéticas consecuencias que pudiera acarrear una posible rescisión del convenio suscrito entre el anterior ejecutivo regional y la Universidad de Extremadura sobre prejubilaciones de profesores en esta última institución.

La consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales, ha realizado este anuncio en referencia a la información publicada en un diario regional sobre que el Tribunal de Cuentas estima que las prejubilaciones de profesores de la UEx no tienen cobertura legal.

En rueda de prensa, a preguntas de los medios, Nogales ha considerado que "no parece de justicia" que el anterior Gobierno autonómico "incentivara jubilaciones anticipadas para colectivos minoritarios" en unos momentos en los que "se está pidiendo a todos los ciudadanos, a la sociedad, un esfuerzo mayor y que, además, mayoritariamente se está retrasando la mayoría de la edad de jubilación para la mayoría de los sectores sociales hasta los 67 años".

Sobre el dictamen del Tribunal de Cuentas relativo a que el Plan de Jubilaciones de la Universidad de Extremadura carecería de base legal, ha señalado también que se trata de "una herencia más que se encuentra el nuevo Gobierno de Extremadura" y que "además lastra la acción de gobierno hasta 2018, que es la fecha límite del convenio suscrito por el anterior gobierno (autonómico) y la UEx".

Ha recordado que el Tribunal de Cuentas señala que el convenio en cuestión "resulta de difícil justificación" porque —según ha desgranado literalmente del dictamen— "el personal docente e investigador de la universidad no se encuentra entre los colectivos cuya jubilación convenga anticipar" y que "carece de base legal".

"En unos momentos en los que estamos pidiendo a todos los ciudadanos, a la sociedad, un esfuerzo mayor y que además mayoritariamente se está retrasando la edad de jubilación para la mayoría de los sectores sociales hasta los 67 años, entendemos que no parece de justicia que el gobierno (regional) anterior incentivara (...) jubilaciones anticipadas para colectivos minoritarios", ha señalado.

Informes jurídicos

Ante dicho convenio, ha anunciado que el Gobierno de Extremadura está recabando información de su gabinete jurídico para "intentar analizar las consecuencias que traería la rescisión de ese convenio", y ha recordado que "hay que tener en cuenta que también pueden existir derechos a terceros", por lo que "hay que ser enormemente exquisitos con respecto a esta cuestión".

"Son cuestiones jurídicas que afectan a determinados colectivos y podemos incurrir en aspectos que no son legalmente fáciles de resolver", ha añadido.

"Vamos a analizar, ya está en manos del gabinete jurídico, y es una herencia que nos hemos encontrado hasta 2018", ha reiterado Nogales, quien también ha explicado que "hasta 2014 anualmente (al convenio) supone más de un millón de euros anuales y a partir de 2014 las cantidades se van reduciendo" y ha resaltado que "son cifras verdaderamente importantes y que hipotecan a cualquier gobierno".

Festival de mérida

Por otra parte, la consejera de Educación y Cultura de Extremadura, Trinidad Nogales, ha señalado que el Gobierno regional "ya" está trabajando en la programación del próximo Festival de Mérida con "seriedad y rigor".

Ha garantizado que su departamento trabaja en el Festival de Mérida "con la misma seriedad y rigor" que en la Orquesta de Extremadura (OEx) y ha recordado que uno de los patronos "fundamentales" del certamen emeritense es el Ministerio de Cultura, que acaba de tomar posesión, por lo que la Junta "se tiene que someter a los plazos y al respeto institucional del nuevo gobierno que acaba de acceder" a su cargo.

"Nosotros (la Junta) ya estamos trabajando en ello (la programación del próximo Festival de Mérida) con el mismo rigor, seriedad y garantía que hemos trabajado con la Orquesta de Extremadura", ha apuntado a preguntas de los medios sobre si la elaboración de la programación del próximo Festival de Mérida pudiera estar sufriendo algún tipo de retraso. CONSERJES

Por otra parte, sobre la solicitud del sindicato PIDE de que la Consejería de Educación medie entre el Ayuntamiento de Mérida y los centros públicos educativos de dicha ciudad en el asunto de la contratación de conserjes, Trinidad Nogales ha señalado que su departamento "siempre" se va a "ceñir a la ley, a la obligación que tenga cada una de las instituciones".

"La Consejería de Educación y Cultura está abierta al diálogo, al consenso con todas las instancias municipales, locales y regionales por el bien de los centros educativos y de la calidad de la enseñanza", ha insistido.