La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez que investiga las ayudas fraudulentas de la Junta que requiera la totalidad de los fondos concedidos, incluso a pequeñas empresas que podrían estar ligadas "de manera simulada" a los imputados, así como la relación de solicitudes denegadas entre el 2001 y el 2011.

La Fiscalía Anticorrupción pide a la juez Mercedes Alaya que requiera a la Junta la totalidad de las ayudas concedidas a través de la agencia IDEA "y no solo las de mayor cuantía, al poder tratarse las ayudas de menor cuantía a empresas ligadas de manera expresa o simulada, directa o indirectamente, a un mismo grupo de personas próximas o concertadas con los imputados en esta trama fraudulenta".

Se trata de datos que la Fiscalía considera necesarios "para el buen fin de la investigación y la necesaria concreción de la imputación" y de datos que ya fueron pedidos al Gobierno andaluz en un auto de junio del 2011.

La Fiscalía se refiere a las ayudas fraudulentas de la Junta como "expedientes" y entrecomilla dicha palabra, en línea con anteriores escritos de la juez en los que calificaba los legajos recibidos como "una suerte de batiburrillo de papeles inconexos, algunos de los cuales no son sino simples notas manuscritas anónimas, cuando no garabateadas en simples post-it".

Además, Anticorrupción pide para el juzgado número 6 de Sevilla una "inmediata ampliación de su plantilla" por la "inabarcable amplitud del objeto de investigación y la enorme complejidad añadida a la misma", así como que la Agencia Tributaria designe un Equipo concreto de Técnicos que realice funciones de auxilio judicial.

Con ello se facilitará el avance de las investigaciones de la policía judicial, que a este respecto cuenta ya con una persona especifica designada por la Dirección General de Seguros. La Fiscalía también pide investigar las posibles "vías de retorno" de los fondos públicos percibidos a las sociedades mediadoras, de asesoramiento y a las propias compañías de seguros que mediaban en los Expedientes de Regulación de Empleo y otras ayudas.

Dice el escrito que se trata de "detectar y contribuir a analizar las relaciones que puedan haber existido entre las personas y sociedades perceptoras de fondos" con los intermediarios, para lo cual pide que se haga "un primer estudio" de sus relaciones en temas como su facturación, retribuciones del trabajo y capital o rendimientos profesionales.

Respecto a su petición de que se indague también en las ayudas denegadas, Anticorrupción lo basa en la necesidad de "contar con elementos de juicio para discernir los criterios utilizados para la utilización de los fondos públicos objeto de los delitos que se investigan".

Por ello, pide que la Consejería de Empleo "certifique la relación detallada de personas, empresas o entidades locales que, habiendo solicitado formalmente ayudas sociolaborales de carácter excepcional a la Dirección General de Trabajo, se les haya denegado".

En el 'caso Mercasevilla' se estudian los ERE financiados por la Junta de Andalucía en los que se prejubilaron a personas que ni siquiera habían trabajado en las empresas del mercado central sevillano. Entre los implicados en el caso se encuentran, el ex director general de Trabajo Francisco J. Guerrero, intermediarios que ofrecían las prejubilaciones y los que se favorecieron de ellas. De momento, se han encontrado más de 140 irregularidades en 32 compañías.