El promotor malagueño Cristóbal Peñarroya, acusado en el caso 'Malaya', ha asegurado este martes que no realizó pago alguno al presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, por obtener resoluciones urbanísticas que favorecieran su actividad empresarial y ha añadido que tampoco le ofreció dinero ni éste se lo pidió.

"No entregué, ni he entregado, ni me ha pedido, ni le he ofrecido nunca dinero a este señor, bajo ningún concepto", ha aseverado Peñarroya en su declaración, en la que ha indicado que cuando fue detenido no se le informó de qué se le imputaba y se ha quejado de que en su primera declaración ante el entonces juez instructor, Miguel Ángel Torres, su abogado "no pudo hablar".

Así, ha dicho al fiscal Anticorrupción que "con el juez Torres y usted, ahí no abría la boca nadie. Palabra de hombre" y se ha aludido a la situación en la que realizó su primera declaración, ya que "después de cuatro días en Guantánamo 2, no hay quien salga para poder hablar bien", porque "allí se pasaba muy mal". Esto ha provocado la protesta del fiscal y la respuesta de la Sala.

En esa declaración, con la que ha dicho no está de acuerdo en su totalidad, manifestó que Roca "era el Ayuntamiento y la alcaldesa —Marisol Yagüe, también acusada— no mandaba nada". Explicó también que cuando decía en una carta que "si tengo que entrar por el aro", se refería al Consistorio y no al principal acusado, extremo éste en el que ha vuelto a insistir en esta sesión.

Ha incidido en que "nunca" entregó los 35.500 euros que constan en los archivos informáticos intervenidos en la sociedad Maras Asesores durante la investigación y ha apuntado que en dichas anotaciones aparece otro nombre distinto. "Ahí pone Villarroya y yo me sigo llamando desde el 14 de abril del 45, Cristóbal Peñarroya Sánchez", ha apostillado.

Peñarroya ha contestado a las preguntas de la acusación pública sobre un convenio de transferencia de aprovechamientos urbanísticos, negociado y ratificado por el Consistorio en mayo de 2003, indicando que no se ha incorporado al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) marbellí, por lo que "hemos procedido contra el Ayuntamiento" y ha asegurado que "me han metido más zonas verdes que en un bosque".

También se le ha cuestionado por otro convenio de permuta previo, del año 2000, y sobre licencias que se le concedieron al promotor, a nombre de la empresa Reserva de Marbella, tanto al proyecto básico como el de ejecución y para la primera ocupación, concedidas estas últimas, según la acusación, por silencio administrativo, defendiendo el empresario la legalidad.

En esta sesión ha terminado de declarar el acusado Giovanni Piero Montaldo, quien ha vuelto a negar que pagara al principal acusado por favores urbanísticos y que solicitara licencias por silencio administrativo. Este procesado no ha contestado a las preguntas del Ayuntamiento porque en su escrito "hace mención a cosas no verdaderas que me han causado un perjuicio gravísimo".

Así, ha dicho que ha sido "implicado por culpa de acusaciones falsas en una situación que no me pertenece", añadiendo que supuestamente "se menciona que yo pertenezco o he pertenecido a una organización delincuencial mafiosa italiana que se llama N'Dranguetta". "Sería igual como decir que un señor de Andalucía pertenece a la ETA, es impensable", ha asegurado, señalando que toda su familia viene de la provincia de Turín y tiene allí sus raíces.

Ha afirmado que son acusaciones "rotundamente falsas" y que no tiene vinculación alguna, por lo que ha asegurado: "me han difamado". Su letrado ha aportado documentos de las autoridades italianas, en los que "se demuestra que yo no pinto nada con esto". El abogado ha señalado que su cliente está "indignado" y que "lo que más daño le ha causado no es la imputación de cohecho sino esas imputaciones veladas sin que sea objeto de este procedimiento".

Al respecto, el letrado del Ayuntamiento ha manifestado que si se hace referencia "lo ha tomado probablemente de un pasaje del auto de procesamiento", pero ha añadido que esta parte "no puede acreditar ese extremo" y que la acusación es exclusivamente por delito de cohecho. En ese auto se alude a "informaciones policiales".