La Agencia Tributaria regularizará a 86 contribuyentes de Galicia, la mayor parte de la provincia de Pontevedra, con el cobro de 26,1 millones correspondiente a lo defraudado y a las sanciones pertinentes, mientras que ha denunciado a la jurisdicción penal a otros 16 por delito fiscal por un importe de 6,9 millones de euros en relación a la trama de supuesto fraude fiscal mediante la emisión de facturas falsas.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la Agencia Tributaria, que han explicado que los 86 contribuyentes indicados serán regularizados por vía administrativa porque se ha constatado, mediante inspección, que "no han defraudado más de 120.000 euros", por lo que se les va a cobrar un total de 26,1 millones como importe regularizado.

Las mismas fuentes han indicado que la mayoría de estos contribuyentes se localizan en la provincia de Pontevedra, mientras que media docena proceden de otros puntos de la Comunidad gallega.

Fue la denuncia de un particular a finales del año 2009 la que ha servido para destapar una trama de supuesto fraude fiscal y falsedad documental encabezada por una empresa de construcción el Vigo, Las Cinco Jotas, según han concretado las mismas fuentes, por la que han sido imputadas un centenar de personas y el juzgado sobreseyó la imputación de otras 60.

Las diligencias se abrieron en el Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad olívica a raíz de esta denuncia y, a partir de mediados del año 2010, la Agencia Tributaria también comenzó a interponer denuncias.

Más de 140 EMPRESAS

Así, se ha abierto una investigación para esclarecer un fraude millonario a Hacienda, debido a la emisión de facturas falsas por parte de la empresa Cinco Jotas de Vigo —que se dedica a la construcción de viviendas prefabricadas— a otras empresas que tenían mucha facturación y pocos gastos, con el fin de que éstas pudieran evadir impuestos.

Además, esa firma viguesa de construcción, para compensar su elevada facturación, presentaba a su vez facturas de gasto que, presuntamente, le emitían numerosos trabajadores rumanos que, al parecer eran ajenos al entramado.

La Agencia Tributaria da por desactivada la trama con estas actuaciones, que se salda con 11 personas físicas o jurídicas como presuntas creadoras del entramado, denunciadas por falsedad documental, y 145 empresas implicadas por el mismo delito.