Los abogados del turno de oficio de la Comunitat Valenciana, que defienden a las personas con menor capacidad económica en los tribunales, han sido los últimos de una larga lista en plantarse. Han puesto fin a las negociaciones con la Conselleria de Justicia ante la intención de la Generalitat de rebajar un 37% la partida destinada a sus retribuciones.

La asfixia financiera del Gobierno valenciano, incapaz de encontrar liquidez en los mercados financieros tras la rebaja de su deuda a bono basura, afecta ya a servicios esenciales como los colegios concertados y las farmacias, y tiene en pie de guerra a otros colectivos como los libreros, a quienes adeuda el cheque de los libros escolares, o los sanitarios, que ven peligrar la calidad asistencial con el tijeretazo de 400 millones que va a sufrir esta área.

El decano del Colegio de Abogados de Valencia, Mariano Durán, arremetió este jueves duramente contra Justicia al explicar la suspensión de las negociaciones sobre el turno de oficio. En su opinión, con la rebaja media del 37% “no se puede prestar el servicio” de justicia gratuita “con garantías de dignidad”. Según sus cálculos, la Generalitat les adeuda en total 5,1 millones de euros correspondientes al segundo y al tercer trimestre del pasado año 2011.

Sin embargo, la situación más delicada tiene que ver con el sector educativo. La nueva consellera del ramo, María José Catalá, se reúne este viernes con la patronal de las escuelas concertadas “para buscar una solución”, según  fuentes de este departamento, al impago de los gastos de funcionamiento de los dos últimos trimestres.

Aquí las cifras difieren. La Conselleria de Educación reconoce una cantidad total adeudada de 34,9 millones de euros, una cifra que la presidenta de Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez, eleva hasta los 45 millones de euros. Rodríguez espera de la reunión “buenas palabras, pero sobre todo buenos hechos” que se traduzcan en un plan de pagos creíble. Algunos centros, según explica, han enviado cartas a las familias “no como medida de presión, sino para explicarles que no pueden hacer frente a gastos como el del alquiler”.

Farmacias, libreros...

El primer colectivo en traducir su indignación en hechos fue el de los farmacéuticos, con un cierre de sus oficinas de tres días el pasado mes de diciembre. Pese a ello, el Consell aún les debe las mensualidades de septiembre, octubre y noviembre (diciembre aún no está facturada). A razón de unos 120 millones de euros al mes, la cifra asciende a 360 millones de euros en la Comunitat, confirman desde el Colegio de Valencia.

Los libreros, por su parte, cobrarán una pequeña cantidad de los 31 millones que se les deben a final de mes.

Sin cubrir todas las bajas docentes

La Conselleria de Educación no sustituirá a todos los profesores que estén de baja, sino que siempre dejará una por cubrir. Así lo denunció ayer el sindicato STEPV tras recibir varias denuncias de centros docentes a quienes la Conselleria de Educación informó de esta circunstancia. De este modo, según estas fuentes, si hay un docente de baja no se enviará sustituto; si hay dos, solo enviarán uno; si hay tres, solo dos... La explicación se basa, nuevamente, en la falta de presupuesto.