El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía, GENA-Ecologistas en Acción, ha mostrado su disconformidad con los términos del decreto aprobado esta semana por la Junta de Andalucía para regularizar la situación de miles de edificaciones construidas en suelo no urbanizable en el conjunto de la Comunidad Autónoma, un documento que considera un "fiasco" que supone además "una amnistía con premio para el infractor".

El presidente de GENA, Rafael Yus, ha afirmado que el texto elimina el carácter de delito para la construcción de viviendas en suelos prohibidos, lo que, a su juicio, sienta un precedente jurídico que beneficia al infractor y creará un "efecto llamada" para que se continúe con este tipo de prácticas, pues "cualquiera que haga una vivienda a partir de ahora tendrá garantía de que, con los trámites que dicta el decreto, podrá legalizarla".

"Por más que se insista en lo contrario, este decreto no es una ley de punto final, sino una amnistía con premio, pues va a dar a estas viviendas ilegales una seguridad jurídica que antes no tenían, que no se sostiene de ninguna manera y que lanza a los infractores el mensaje de que sus viviendas podrán ser regularizadas, por lo que la Junta renuncia al principio de protección del suelo no urbanizable", ha lamentado Yus.

GENA también ha criticado los costes ambientales que supondrá la aplicación del texto, ya que, "como el propio Gobierno andaluz reconoce", el urbanismo difuso es "insostenible" al consumir importantes recursos naturales y generar una gran contaminación, tanto visual como de generación de basuras o aguas residuales.

"Toda vivienda en el campo es un núcleo generador de problemas ambientales; cuando se trata de una sola el daño es mínimo, pero con 22.000 sólo en la Axarquía malagueña esto es un desastre ambiental", ha asegurado Yus, para quien el decreto "no sólo no da solución a este problema, sino que lo garantiza y lo fomenta para años futuros".

Del mismo modo, los ecologistas han aseverado que el decreto también supondrá notables costes económicos, pues aunque se pretende que estas construcciones paguen y contribuyan como el resto al bien público, dichos pagos "no compensarán los enormes costes que van a suponer en el futuro las exigencias de servicios de estos ciudadanos con sus plenos derechos".

Por otra parte, GENA ha recordado que en su día propuso a la Junta que, para eliminar la especulación inmobiliaria en el campo, se articulasen medidas como que la figura de "fuera de ordenación" fuese un mecanismo disuasivo para futuras construcciones, "pues estas viviendas no deberían ser vendibles, sino sólo transmisibles a herederos directos, pero desafortunadamente nada de esto ha recogido este decreto", ha insistido Yus.

Además, el colectivo entiende que "se ha desaprovechado la oportunidad" de articular un marco legal que deje "mucho más clara" la imposibilidad de construir viviendas en no urbanizable, que impida que el delito urbanístico prescriba a los tres años, que facilite la demolición de las viviendas ilegalizables y que establezca los requisitos indispensables para que una casa en el campo pueda ser considerada legal. DEMOLICIONES

En este sentido, el colectivo ha instado al Ejecutivo autonómico a que aclare si va a aplicar las normas de los planes subregionales de ordenación del territorio a las viviendas que no se puedan regularizar y que explique cuál será el futuro de las casas cuyo delito no ha prescrito, aunque ha augurado que en estos casos "se les abrirá un expediente y lo dejarán envejecer tres años, luego ni estas se libran de la amnistía".

Yus se ha preguntado si se demolerá alguna vivienda de las que no pueda ser legalizada por el decreto, aunque ha mostrado sus dudas "pues durante todo este tiempo se ha podido demoler y no se ha hecho por el coste político que supone echar una casa abajo, y este miedo no ha desaparecido".

Por último, ha vaticinado que, en el supuesto de que este decreto siga vigente tras las próximas elecciones autonómicas, "seremos testigos de innumerables irregularidades en el proceso de regularización y al fomento del fenómeno insostenible de la autoconstrucción en suelo rústico".

La Axarquía malagueña es una de las zonas de Andalucía que más se beneficiarán del decreto de regularización de viviendas en suelo no urbanizable, puesto que la Junta ha identificado en ella 12.760 construcciones ilegales repartidas por 22 municipios, de las que unas 11.000 podrían acogerse a este texto para regularizar su situación.