El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Luis María Beamonte, ha confiado en que "a finales de febrero" estén resueltas las bases que regulan el Plan de Empleo puesto en marcha por la institución provincial para que los municipios se vean beneficiados por este programa "lo antes posible".

El Plan extraordinario de apoyo al Empleo 2012 está dotado con 4 millones de euros y ofrecerá trabajo a unas 450 personas en la provincia de Zaragoza. El pleno de la DPZ ha aprobado este miércoles por unanimidad de los grupos declarar de interés público, social y económico este programa que "espero que antes de final de mes ya esté aprobado y se traslade a los municipios" para que puedan solicitar las ayudas que contempla el plan.

"Nos gustaría que a finales de febrero ya estuviese resuelto para que lo antes posible entrase en vigor", ha subrayado Beamonte, al recordar que este programa permitirá, a los municipios que cumplan los parámetros establecidos, contratar personal para garantizar "la prestación de unos servicios básicos y fundamentales que recoge la propia Ley de bases de régimen local" y que, aunque "evidentemente han quedado un poquito condicionados por el nuevo Real Decreto Ley de 31 de diciembre, en cualquier caso según los informes existe horquilla suficiente" para recuperar estas ayudas.

En su intervención ante el pleno, el diputado del PAR y responsable del área de Bienestar Social y Medio Ambiente, Máximo Ariza, ha remarcado que la prioridad en estos momentos de crisis económica es "la creación de empleo", el objetivo del plan es "llegar al mayor número de municipios posibles" y ha defendido que los criterios establecidos en este programa son "totalmente técnicos".

El diputado del PSOE, Martín Llanas, ha observado que las localidades de la provincia esperan este plan de empleo "como agua de enero" y a pesar de que los salarios previstos "no son excesivamente boyantes quien está en el paro los está esperando", ha comentado.

Llanas ha indicado que "nos hubiera gustado que en vez del 70 por ciento" las localidades no tuvieran que aportar nada y se subvencionara el cien por cien de la contratación y ha emplazado al equipo de gobierno a incorporar "esa posibilidad en futuros planes".

"se queda corto"

El portavoz de CHA, Bizén Fuster, ha expresado el apoyo de su grupo al plan de empleo, especialmente "importante" en tiempos de crisis, aunque ha estimado que "se queda corto" y ha instado al equipo de gobierno a que estudien si puede ampliarse la cuantía económica durante el ejercicio.

Asimismo, Fuster ha criticado que en las bases, en los parámetros establecidos para repartir el fondo, se debería no sólo tener en cuenta el número de parados, sino también la población de la localidad afectada, porque "falta proporcionalidad" y algunos municipios, como Mallén, Calatorao o Illueca, se ven "especialmente afectados" por ello.

Por último, el portavoz de IU, José Ángel Miramón, ha lamentado que la dotación económica de este plan de empleo es "escasa", si bien ha subrayado que en aquellas medidas que sirvan para crear puestos de trabajo y contribuir a paliar el paro "contará con nuestro apoyo".

"más ambicioso"

El presidente de la DPZ ha admitido que "a todos nos hubiese gustado dar con un plan más ambicioso", pero en este ejercicio se ha compaginado el plan de empleo con el plan para servicios básicos municipales que atiende al gasto corriente de las localidades y que se ha dotado con cinco millones de euros. En todo caso, "la misión fundamental" de este programa es ayudar a los municipios en la prestación de servicios "básicos", ha recalcado.

Beamonte ha insistido también en que con estos programas el equipo de Gobierno PP-PAR realiza "un esfuerzo importante" y ha recordado a los grupos que los criterios establecidos para acceder a las ayudas son técnicos y, como ejemplo, ha observado que "más del 44 por ciento" de los municipios que se beneficiarán de este plan están gobernados por el PSOE.

Oficinas agroambientales

En otro orden de cosas, el pleno de la DPZ ha aprobado por unanimidad una moción presentada por el grupo de Chunta Aragonesista, y enmendada por el Partido Aragonés, por la que la institución provincial insta al Gobierno de Aragón a mantener la red actual de Oficinas Comarcales Agroambientales, "asegurando los recursos tanto materiales como humanos que garanticen los servicios y funciones que en este momento ofrecen y sin menoscabo de aumentarlos en los casos en que se considere necesario".

Asimismo, el pleno ha acordado trasladar al Ejecutivo autónomo su respaldo al compromiso adquirido por el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en las Cortes de Aragón el pasado 16 de diciembre para que permanezcan abiertas las oficinas de las OCAs aragonesas.

En este punto, el diputado de CHA, Bizén Fuster, ha advertido de la preocupación de su grupo por la existencia de un borrador de decreto de reestructuración del Ejecutivo autónomo en el que se contemplaba la posibilidad de suprimir 18 de las 48 OCAs que existen en la Comunidad, siete de ellas en la provincia de Zaragoza (Tauste, Épila, Zuera, Ariza, Bujaraloz, Sádaba y Sos del Rey Católico), y que prestan un servicio "fundamental" para el desarrollo de la actividad agraria en los municipios.

El diputado de IU, José Ángel Miramón, ha coincidido en que sería "un error" suprimir estas oficinas ya que las OCAS que quedasen se verían "saturadas" y se estaría lanzando el mensaje al medio rural de que el empleo en estas zonas "no es una prioridad suficiente" para el Gobierno aragonés.

El diputado socialista, Martín Llanas, ha coincidido en que estas oficinas prestan "un gran servicio a agricultores, ganaderos y a la administración y Comunidad Europea", ya que abordan muchas cuestiones y trámites relacionados con la PAC y ha advertido de que "ningún recorte que se puede hacer debe contemplar reducir el personal o el número" de estas oficinas.

El diputado del PP y delegado de Cultura, José Manuel Larqué, ha observado que "nadie pone en duda el buen hacer de las OCAS" y ha defendido que "nadie en el Gobierno de Aragón ha hablado del cierre de oficinas". En este mismo sentido, el presidente de la DPZ, Luis María Beamonte, ha apuntado que no se trata "de quitar servicios, sino de optimizar recursos públicos", ya que muchos municipios cuentan con numerosas delegaciones de organismos de la Comunidad que podrían reordenarse.