La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes mantener para 2012 la congelación salarial de los empleados públicos y el personal laboral, así como ampliar la jornada laboral en la administración pública a 37,5 horas.

Sáenz de Santamaría también ha anunciado que se va a congelar la plantilla de todas las administraciones, salvo de los servicios básicos. La tasa de reposición (la cobertura de vacantes) en la administración pública se sitúa para 2012 en el 0%, salvo para docentes, personal de hospitales y centros de salud del sistema nacional, fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado e inspectores tributarios y laborales, que, en todos estos casos, es del 10%.

El Gobierno ya había informado de estas medidas a los sindicatos CSI-F, CC OO y UGT, e iban ligadas a la prórroga de los presupuestos generales del Estado.

En mayo de 2010 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha una batería de medidas para reducir el déficit que incluían, entre otras cosas, la congelación de las pensiones y la rebaja de un 5% de media de las retribuciones del personal del sector público.

Esta rebaja se consolidó en el año 2011, cuando el Gobierno socialista congeló los sueldos de los funcionarios, algo que también ha decidido hacer el nuevo Gobierno del Mariano Rajoy como parte de su plan para reducir el gasto en al menos 16.500 millones el año que viene.

Esta congelación del salario de los empleados públicos es la cuarta que se produce desde el comienzo de la democracia.

Antes del Ejecutivo de Mariano Rajoy también optaron por la misma medida los gobiernos de Felipe González (en 1994), José María Aznar (1997) -con Rajoy como ministro de Administraciones Públicas- y José Luis Rodríguez Zapatero (2011).

Previamente, los funcionarios no percibieron el importe de la revisión salarial que reclamaban por la desviación de los precios registrada entre diciembre de 1991 y noviembre de 1992. Pero la primera congelación llegó en 1994. Felipe González, con Pedro Solbes como ministro de Economía, justificó la medida por la necesidad de reducir el déficit público en una época de crisis.

El 15 de mayo de 1994, Solbes anunció que la congelación salarial para los funcionarios acabaría el año siguiente con un aumento de los sueldos según el IPC previsto, todo ello en una coyuntura en la que el Gobierno se planteaba reducir el déficit público en tres años desde el 6,7 % al 2 % del PIB.

El 16 de septiembre de 1994, el Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo Administración-Sindicatos para el período 1995-1997, que contemplaba incrementos salariales para los funcionarios conforme a la previsión del IPC. Sin embargo, tras ganar el Partido Popular las elecciones generales de mayo de 1996, el Gobierno decidió el 19 de septiembre congelar de nuevo el salario de los empleados públicos para 1997.

En esta ocasión, el argumento esgrimido fue la necesidad de elaborar unos presupuestos austeros para poder cumplir con los criterios de convergencia con la Unión Europea que, entre otros asuntos, fijaba un déficit público no superior al 3 % del PIB. Los sindicatos respondieron el 11 de diciembre de 1996 con una huelga en la función pública, la primera que afrontó el Ejecutivo de José María Aznar.

El 23 de enero de 2001, la Audiencia Nacional sentenció en contra de la congelación salarial impuesta a los funcionarios, dictamen que fue recurrido por el Gobierno y, posteriormente, anulado por el Tribunal Supremo el 26 de febrero de 2002.

CC OO recurrió al Tribunal Constitucional cuyo fallo, dado a conocer en febrero de 2005, justificaba la decisión del Ejecutivo del PP de congelar el salario de los funcionarios al señalar que las circunstancias de 1996 y 1997 fueron "muy diferentes a las existentes en el momento de alcanzarse el acuerdo de 1994".

Tras conocerse la sentencia, CC OO presentó en julio de 2005 un recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. La tercera congelación se produjo este año después de que en mayo de 2010 el Gobierno de Zapatero rebajara un 5 % el salario de los empleados públicos, la primera reducción aprobada por un Ejecutivo en España para este colectivo.

El sindicato CCOO ha mostrado el rechazo a la congelación del salario de los empleados públicos y ha calificado de "raquítica" la tasa de reposición del 10% de las bajas en los servicios básicos de la Administración que ha fijado el Gobierno para el año que viene.

La organización que dirige Ignacio Fernández Toxo ha pedido al Gobierno del PP que sea "coherente" con lo que defendió estando en la oposición y tome medidas para compensar los efectos de la congelación de las pensiones en 2011, a la que el partido de Mariano Rajoy se opuso por considerarla "injusta e innecesaria".

Por su parte, la Federación de Servicios Públicos de UGT ha manifestado también su "rechazo" a la decisión del Gobierno de congelar la masa salarial de los funcionarios y la oferta pública de empleo, considerándola "un atentado" contra la calidad de los servicios que presta el Estado y contra los derechos de la ciudadanía.