El Grupo socialista del Ayuntamiento de Sevilla ha presentado un escrito de alegaciones al texto con el que el Gobierno municipal del PP pretende modificar la vigente ordenanza de actividades y que los socialistas consideran "un innecesario cambio que viene a sumar inseguridad, confusión, ambigüedad y falta de rigor" en la aplicación de una ordenanza ya adaptada en 2010.

En un comunicado, el PSOE señala que el 70 por ciento de todas las solicitudes registradas "venían tramitándose con agilidad por el actual procedimiento de declaración responsable ante actividades consideradas blandas y a las que se les sometía a control posterior, quedando fuera sólo el 30 por ciento de las peticiones para negocios susceptibles de controles más estrictos e informes previos en función de la seguridad de las personas y para con el medio ambiente".

"sin consenso"

Los concejales socialistas Antonio Muñoz y Encarnación Martínez consideran "especialmente llamativo que el Gobierno de Zoido pretenda mejorar una normativa que ya presenta estos datos y lo haga sin contar con los ciudadanos, puesto que en la nueva redacción de la ordenanza se ha hecho a espaldas de las asociaciones y colectivos tanto de consumidores, usuarios, empleados públicos municipales, profesionales, empresarios o entidades medioambientales".

La inseguridad jurídica y administrativa con "falsos recortes de plazos, la falta de controles de seguridad y medio ambiente, la ambigüedad en la redacción, la falta de un régimen de sanciones acorde a la mayor responsabilidad que asumen los titulares en caso de infracción y la imposibilidad material de ejecución de lo que el texto dice", son los principales argumentos por los que los socialistas solicitan la retirada de la ordenanza y que se someta a un nuevo proceso de redacción "más consensuado, serio, riguroso".

Afán por erradicar "lo anterior"

Para el PSOE, "el empecinamiento del PP por eliminar lo anterior lleva a situaciones absurdas como esta, en la que se anuncia un recorte en los plazos de solicitud para agilizar la apertura de negocios que llevan trampa en la literatura de la ordenanza". De hecho, "aquellas actividades que necesiten de informe calificación ambiental no entrarán en 'lista de espera' para obtener su declaración responsable hasta que no dispongan de dicha acreditación".

"No solo no reduce en nada el plazo actual, sino que desaprovecha el vigente mecanismo por el que en el mismo tiempo, la solicitud de actividad podría venir acompañada además de informes de seguridad (bomberos) y urbanístico, y poder contar así con absolutamente todas las garantías de protección para ciudadanos y el medio ambiente", señalan los socialistas. Para ellos, de aprobarse el texto, "se obliga a un doble registro con ralentización administrativa añadida: uno para calificación ambiental y otro para declaración responsable".

La modificación promovida por el Gobierno municipal, según el PSOE, "obliga a que el cambio de titularidad se haga igualmente mediante registro de declaración responsable", una paralización considerada por los socialistas "un auténtico paso atrás en la agilidad que ya se tenía ganada para negocios que contaban con todos los papeles en regla".

"vacío legal" con efectos en la seguridad

El nuevo texto de la ordenanza "deja en situación de vacío legal aspectos que pueden atentar gravemente contra la seguridad y la protección de los ciudadanos, puesto que negocios de alta concentración de personas, generación de ruidos, posibles medidas especiales ante riesgo de incendio o incluso actividades docentes privadas como guarderías, talleres o academias, ya no necesitarían de un control previo y de los preceptivos informes, sino que quedarían enmarcados en una declaración jurada y de buena fe por parte del titular y a una inspección posterior (sin plazo) por parte de la Administración".

En este sentido, "la inseguridad se ve alimentada por la inadaptación de los servicios municipales y el aumento de los recursos para la función inspectora, en el que caso de que la opción preferente para otorgar autorizaciones de apertura sea, como así dice la ordenanza, la declaración responsable". A esta adaptación obliga un informe jurídico municipal, "pero ni se ha efectuado aún, ni en la propuesta de presupuestos para 2012 se contempla partida alguna para el incremento de los inspectores de campo", lo que lleva a los socialistas a considerar "un grave error de cálculo" por parte del Gobierno del PP.

Sin prioridades

La falta de controles queda además patente en "la ausencia de un régimen de prioridades a la hora de realizar las inspecciones 'a posteriori', por lo que no queda explicitado el orden de preferencia por el que se realizarán las visitas de campo, provocando situaciones de facto en las que aquellos negocios sobre los que se presuponga cierto riesgo sobre la seguridad o el medio ambiente, formarían parte de una misma base de datos global de inspecciones pendientes".

Según los socialistas, el PP no ha puesto empeño alguno en que los daños punibles por laxitud en el otorgamiento de las licencias queden cubiertos de ninguna forma. Así, las sanciones "quedan emborronadas sin claridad en el texto, cuando debería ser uno de los principales elementos de prevención que la norma contuviera a la vista de todos los interesados". "Que no se haya actualizado el régimen de sanciones de acuerdo al evidente aumento de responsabilidad que el PP quiere poner sobre los hombros de los titulares, abre la puerta más imprudente a que los daños causados por la ausencia de un control previo, queden sin cubrir en su totalidad por cuantías económicas que son exactamente las mismas que en la actualidad", dice el PSOE.

Además, destacan la ausencia en la normativa de un catálogo de actividades "que diga a las claras qué negocios deben regirse por declaración responsable y qué otros aún se tramitarían por la vía de la licencia de apertura". De igual forma, los socialistas señalan que la liberalización de las licencias sin cota, lleve al PP a situaciones tan "absurdas" como que a centros educativos públicos y concertados de interés general, "se les exijan más documentación que a las iniciativas educativas privadas con ánimo de lucro, que sólo entrarían por la vía de la declaración responsable quedando sin limitación de apertura previa pese a lo delicado del tipo de actividad con afección directa sobre menores".

Por último, la existencia de hasta cinco modelos diferentes para solicitar la declaración responsable ejemplifica a ojos del Grupo socialista "la falta de rigor y esfuerzo alguno por clarificar y aclarar procedimientos que mejoren la relación del ciudadano con la administración, sobre todo en aras de dar facilidades para la pronta apertura de negocios generadores de actividad y empleo".