El Ayuntamiento de Cádiz comienza a pagar facturas a más de 260 pymes tras llegar el dinero del ICO

El Ayuntamiento de Cádiz ha comenzado a abonar las facturas de los proveedores que se incluyeron en el expediente de crédito que solicitó al Instituto de Crédito Oficial (ICO) acogiéndose a la Línea de Crédito de la citada entidad habilitada para tal fin. La previsión es continuar abonando en los próximos días hábiles todas las cantidades que se incluyeron en el expediente, que supone un montante de 10,4 millones de euros, y beneficiará a más de 260 pequeñas y medianas empresas.

El Ayuntamiento de Cádiz ha comenzado a abonar las facturas de los proveedores que se incluyeron en el expediente de crédito que solicitó al Instituto de Crédito Oficial (ICO) acogiéndose a la Línea de Crédito de la citada entidad habilitada para tal fin. La previsión es continuar abonando en los próximos días hábiles todas las cantidades que se incluyeron en el expediente, que supone un montante de 10,4 millones de euros, y beneficiará a más de 260 pequeñas y medianas empresas.

Según ha informado el Consistorio gaditano en un comunicado, la entidad bancaria colaboradora con el Ayuntamiento en este proceso recibió el dinero del Instituto de Crédito Oficial este jueves y ese mismo día se comenzaron a realizar las transferencias a las cuentas bancarias que los proveedores habían facilitado a la hora de solicitar su acogida a la medida.

El pago de estos casi once millones de euros beneficiará a más de 260 pequeñas y medianas empresas, proveedoras municipales a las que se le abonarán facturas más antiguas de noviembre de 2010, reduciendo así en casi un año el plazo de demora en los pagos que, por culpa de la crisis económica, se había extendido más allá de lo deseado por el Ayuntamiento de Cádiz.

El importe del crédito que se ha solicitado ha venido marcado por el límite impuesto por el propio ICO, que establece que la cantidad, incluido los intereses a pagar, no podía superar el 25 por ciento de la Participación de los Tributos del Estado (PTE) del ayuntamiento solicitante; cantidad a la que también había que restar los reintegros exigidos por el Gobierno por el cálculo desfasado de los años 2008 y siguientes.

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