El PPdeG ha admitido que los presupuestos de la Xunta para 2012, que debate el Parlamento de Galicia, deberán ser revisados tras la prórroga de los estatales, que ejecutará el nuevo Gobierno central en el Consejo de Ministros del 30 de diciembre a través de un real decreto-ley de medidas urgentes en materia económica y presupuestaria.

"Puede ser que algunas definiciones que aparezcan en los presupuestos del Estado tengan que ser asumidas por la Comunidad Autónoma gallega", ha reconocido el portavoz de economía de los populares, Alberto Sueiro, para justificar esto en que el Ejecutivo autonómico tuvo que elaborar el proyecto de ley "sin tener ninguna previsión ni ninguna referencia".

El Gobierno del Estado "de alguna manera no cumplió con su obligación de tener un presupuesto aprobado en tiempo y plazo", ha reprochado Sueiro en respuesta a las afirmaciones del portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, quien ha asegurado que la revisión tendrá que realizarse en abril y afectará a la baja a cuestiones como la tasa de reposición en la oferta pública de empleo, establecida en el 10% en la Comunidad Autónoma —el futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció que ésta será congelada en 2012—.

Así, el diputado del PPdeG ha señalado a Aymerich que la postura del Grupo Parlamentario Popular "es la adecuada" y "la que corresponde hasta que exista ese documento de referencia": "Esa vía que de alguna manera marque todos aquellos caminos que obligatoriamente, si es el caso, pues debemos seguir", ha precisado.

"los de siempre sin comer"

En su intervención, el portavoz de los nacionalistas se ha referido al debate de investidura en varias ocasiones, para concluir que "frases" del líder nacional del PP como que habrá que "dar de comer a cuatro con el dinero de dos" traslucen que "se quiere dejar a los de siempre sin comer".

Aymerich ha reclamado, en defensa de las enmiendas al articulado del Bloque, el establecimiento de dos excepciones a la tasa de reposición —que advierte que se reducirán hasta el 0%—, para las plazas afectadas por sentencias y otras relativas a servicios públicos básicos.

También ha demandado la supresión del denominado 'plus' de altos cargos, el freno a la colaboración público-privada, el pago anticipado a las entidades locales y el incremento de la presión fiscal "a los que más tienen".

Así, propuso subir el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) al 24,5% para rentas mayores a los 100.000 euros y también aumentar el número de personas sobre las que recaiga el recuperado Impuesto sobre el Patrimonio, al bajar el patrimonio exento desde los 700.000 —con exclusión de la vivienda habitual— hasta los 300.000 euros.

"absoluto fracaso" de las políticas del pp

Por su parte, la portavoz del PSdeG en materia económica, María José Caride, ha criticado la falta diálogo de los populares al denunciar que, en comisión, solo aceptaron dos enmiendas de los socialistas "sin trascendencia" —no aceptó ninguna del BNG—.

En este sentido, y ante el que entiende como "absoluto fracaso" de las políticas económicas del titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, Caride ha instado a los parlamentarios populares a votar a favor de sus enmiendas como "compromiso" hacia "la universalidad" de la sanidad pública y del transporte escolar y como garantía del "rechazo" al copago sanitario.

Sueiro le ha reprochado, al respecto, utilizar argumentos "demagógicos" y "pueriles", al obligarle a posicionarse sobre derechos sociales "que contempla el marco normativo" español. "Si usted vota en contra de estos presupuestos también estará a favor de no construir escuelas", le ha espetado.

Caride, asimismo, ha pedido un incremento del 3% de las pensiones no contributivas (de 206 a 212 euros) y un aumento equivalente para la Risga, con el propósito de proteger "a los más desfavorecidos". En este sentido, ha fijado un plazo de dos meses para que se tramiten las demandas de esta prestación.

El resto de enmiendas del PSdeG se dirigieron a que el crédito para becas universitarias sea ampliable, a que el tramo autonómico del IRPF se suba entre uno y dos puntos en rentas que vayan de 60.000 a más de 150.000 euros y a restringir las remuneraciones de directivos y miembros de consejos de administración dependientes del Gobierno gallego.

Colaboración público-PRIVADA

Al igual que el Bloque, los socialistas reclaman el freno a las colaboraciones público-privadas, pero, en su caso, solicitan que la aprobación del estudio que determine los límites a esta vía de financiación se anteponga a nuevos contratos.

También coincidieron ambos grupos en censurar que familias con ingresos menores a los 23.000 euros e hijos de menos de tres años al cargo no pueden recibir la prestación habilitada a este fin por presentar la declaración de la renta.

Rechazo de las enmiendas de la oposición

Mientras Aymerich ha anunciado que el BNG apoyará todas las enmiendas del PSdeG salvo la número 47 —que, en su opinión, "configura" a la Xunta "como aseguradora universal" en situaciones de ilegalidad urbanística—, María José Caride no se ha pronunciado al respecto y, por su parte, el popular Alberto Sueiro ha enumerado las razones que llevan al PP a rechazar las de la oposición.

Las afirmaciones referidas al copago y a la universalidad de la sanidad constituyen, en su opinión, "decoraciones políticas sin contenido presupuestario", ha dicho, mientras que ha rechazado modificaciones fiscales, ya que su efecto no se notará hasta 2013 ó 2014 y por considerar que los presupuestos no son la ley adecuada para hacerlo.

En cuanto a la colaboración público-privada, Sueiro ha explicado que "lo que procede" es esperar a que el Consello de Contas elabore el informe que le fue solicitado y, en lo tocante a la oferta pública de empleo, ha expuesto "un acuerdo" con la comisión bilateral del Estado que impide la fijación de excepciones.

Por último, ha indicado que los delegados territoriales no serán suprimidos, puesto que el PP los ve como parte de una "estructura adecuada" de la Administración autonómica y ha asegurado que lo que pretende la Xunta es "universalizar" la prestación a familias con hijos menores de tres años al cargo.