El Pleno de las Cortes de Aragón ha convalidado el Decreto-Ley de medidas urgentes de racionalización del Sector Público Empresarial con el voto favorable de 57 diputados de los Grupos Parlamentarios de PP, PSOE y PAR y el voto en contra de CHA e IU. Los cinco Grupos han acordado tramitarlo como proyecto de ley , lo que dará pie a la presentación de enmiendas.

Ha defendido la iniciativa el consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Mario Garcés, quien ha afirmado que este no es un debate "ideológico, de modelo", sino "de necesidad", al considerar necesario que las empresas públicas se adecuen al nuevo escenario económico de crisis.

Garcés ha justificado el Decreto-Ley por los "problemas crónicos de liquidez", la dificultad de las empresas públicas para obtener créditos y por el sobredimensionamiento de las estructuras directivas.

El Decreto-Ley permite introducir reglas de disciplina fiscal, de gestión "eficiente" para que las empresas que continúan activas funcionen correctamente, ha dicho.

El consejero ha explicado que se mantendrán las empresas públicas que presten servicios de interés general, "obligatorio" y ha pedido que nadie tenga "miedo" al posible recorte de empleo en estas sociedades porque no se producirá. Garcés ha comentado que se realizará "una salida ordenada" de las empresas que no aportan nada al Gobierno autónomo.

La nueva norma dispone que todas las sociedades que incurran en déficit o en "un volumen insostenible de pérdidas" aprueben un plan de saneamiento a tres años para "volver a la senda del equilibrio económico-patrimonial", lo cual "va a ser difícil".

Si las sociedades no cumplen los objetivos de equilibrio se tomarán medidas "coercitivas", como el despido de directivos, impedir las ampliaciones de capital o someter a autorización del Gobierno las acciones de recapitalización.

Mario Garcés ha manifestado el compromiso del Gobierno de pagar a los proveedores de suministros y obras, quienes deben saber "cuándo van a cobrar".

Todos los contratos que superen los 12 millones de euros serán controlados por el Consejo de Gobierno y se evitará la "inflación de precios" de determinados contratos.

El consejero ha criticado las cartas de compromiso mediante las cuales el anterior Gobierno de Aragón ha trasladado a la Administración autónoma el compromiso de los pagos acordados por las empresas públicas, una práctica "inadecuada".

Asimismo, las retribuciones de los directivos dependerán del cumplimiento de los objetivos, serán variables y no se contemplarán las indemnizaciones por despido o rescisión de contrato.

La Corporación Empresarial Pública será "capital" en la fiscalización de las empresas. Se creará una comisión de auditoría y control en la Corporación.

El Decreto-Ley dispone en su artículo 3 que las sociedades públicas se regirán por los principios de legalidad, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, transparencia, austeridad, eficacia, eficiencia, economía y servicio al interés general. GRUPOS

El diputado del Grupo Popular Ricardo Canals ha justificado el Decreto-Ley porque hay un "riesgo importante" del sector empresarial público.

Canals ha considerado preciso tomar "medidas inaplazables" de reducción del déficit y de contención del gasto público. El Decreto-Ley pretende "dar credibilidad al sector público empresarial", ha continuado Ricardo Canals.

La parlamentaria socialista, Ana Fernández, ha criticado que esta iniciativa se tramite como Decreto-Ley y no como proyecto de ley. También ha dicho que antes de la aprobación del Decreto se podrían haber tomado algunas medidas de control.

El diputado del Grupo Parlamentario del PAR, Antonio Ruspira, ha defendido el Decreto-Ley y ha considerado que "no es una opción, es una necesidad" racionalizar las empresas públicas.

Ruspira ha aplaudido la decisión de elaborar un plan de saneamiento para pagar a los proveedores porque "no es de recibo" que las empresas públicas se financien a través de estos.

El portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Adolfo Barrena, ha defendido la racionalización del sector público y ha criticado "el tamaño que estaba adquiriendo", así como el régimen salarial de los directivos de las empresas públicas. Ha arremetido contra los blindajes de contratos.

El también coordinador de IU-Aragón ha rechazado el Decreto-Ley y ha criticado "la tijera" que, en su opinión, aplica el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi a las empresas públicas a través del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, lo que afectará —según sus cálculos— a los salarios de los trabajadores.

El diputado del Grupo Parlamentario de CHA, José Luis Soro, ha alertado de que los ciudadanos se pueden ver perjudicados por la mala gestión de las empresas públicas y se ha mostrado muy preocupado.

CHA defendió en el Pleno del 24 de noviembre una proposición de ley para modificar la Ley de Reestructuración del Sector Público Empresarial —aprobada en 2008— con el objetivo de que todos los Grupos de la oposición pudieran formar parte de los Consejos de Administración de las sociedades públicas. Esta iniciativa no fue tomada en consideración y, consecuentemente, no fue debatida.