El Grupo de concejales de IU-CA en el Ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla) ha avisado este martes de que la alcaldesa, la socialista Isabel Ortiz, "no ha convocado" dentro del plazo estipulado el pleno extraordinario reclamado por la federación de izquierdas sobre la condena de la primer edil, a ocho años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público y al pago de una multa de 4.050 euros, por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación funcionarial urbanística. La secretaria general del Consistorio, según la coalición, habrá entonces de convocar "de oficio" esta sesión plenaria.

Jesús González Sánchez, portavoz municipal de IU-CA, ha informado a Europa Press de que ha finalizado el plazo de diez días hábiles del que gozaba la alcaldesa para convocar el mencionado pleno extraordinario, solicitado oficialmente por los concejales de la federación de izquierdas a cuenta de la condena de la regidora. "No lo ha convocado", ha lamentado. En ese sentido, González ha informado de que corresponde ahora a la Secretaría General del Ayuntamiento convocar el mencionado pleno.

Los hechos

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez pone de manifiesto que, en el presente caso, "el incumplimiento de la normativa urbanística resulta indiscutible", pues la alcaldesa de Aguadulce otorgó la licencia "de modo flagrante y patentemente arbitrario, con un olvido completo de la función pública urbanística y bajo un concepto mercantilista y pretendidamente social de la misma, en el mejor de los casos, que está por completo proscrito del ordenamiento urbanístico" español.

"Es patente que la concesión de la licencia está fuera de la dinámica legal y reglamentaria, y que se hace a persona vinculada de forma especial con la acusada, pues es un hecho cierto y reconocido que el beneficiario era el que poco después fue compañero de candidatura y concejal de la Corporación", prosigue la sentencia, que añade que la alcaldesa era conocedora "de estar actuando en total discordancia con la norma cuyo cumplimiento era ella la primera obligada a cumplir y hacer cumplir".

Las diligencias contra la alcaldesa se incoaron después de la querella interpuesta por la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, que en el acto del juicio oral solicitó para la acusada nueve meses de prisión y ocho años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio, mientras que la acusación popular pidió un año de cárcel y diez años de inhabilitación. De su lado, la abogada de la procesada solicitó la libre absolución.