La propuesta del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga de estudiar la posibilidad de analizar el ADN de los excrementos de los perros depositados en la vía pública para detectar a sus dueños y sancionarlos ha sido rechazada este martes por la mayoría del equipo de gobierno del PP en la Comisión de Pleno de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Sin embargo, los 'populares' se han comprometido a estudiar los informes que sobre este sistema de control genético lleve a cabo el Consistorio de Córdoba.

Después de que el Ayuntamiento cordobés, gobernado por José Antonio Nieto (PP), indicara que está estudiando la viabilidad de este sistema, la concejala de Medio Ambiente de Málaga, Ana Navarro, se ha comprometido a "pedir a Córdoba los resultados de ese informe y, si allí es viable, a lo mejor copiamos algo, y si no es viable, nos ahorramos el trabajo y el dinero de hacer ese análisis". Para la edil socialista Begoña Medina, esta postura "evidencia que el Partido Popular malagueño no tiene criterio".

No obstante, la concejala del PP ha considerado que este sistema tendrá "poca viabilidad", atendiendo, de entrada, a "la oposición mostrada por diversos colectivos como el Colegio de Veterinarios, la Sociedad Protectora de Animales u otras asociaciones".

Ha argumentado, asimismo, que sólo el hecho de estudiar la implantación de este sistema de control genético "exigiría contar con alguien para buscar laboratorios especializados o para determinar el coste de tener una patrulla de la Policía Local dedicada a la recogida de excrementos". "El tiempo de los funcionarios también vale dinero y la situación económica actual no está para gastar dinero", ha opinado.

Asimismo, Navarro ha declarado a Europa Press que el estudio de ADN "podría ser una forma de detectar al infractor, pero no la solución al problema", teniendo en cuenta "el gran número de problemas legales y económicos" que conlleva este sistema.

Al respecto, ha hecho hincapié en que hay casi 84.200 perros censados en la ciudad de Málaga, pero existen otros a los que sus propietarios no han puesto el correspondiente chip o que están abandonados, por lo que en estos últimos casos el Ayuntamiento tendría que asumir el coste de esas pruebas de ADN —entre 150 y 230 euros—. Además, ha advertido de que existe la posibilidad de que se recurra el resultado de los análisis o que el dueño infractor se declare insolvente.

Campañas de concienciación

En lo que sí están de acuerdo los tres grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Málaga —PP, PSOE e IU— es en la conveniencia de solucionar los problemas de imagen y de salubridad derivados de que haya excrementos de perros en la vía pública. De hecho, sí se ha acordado intensificar las campañas municipales de concienciación entre la ciudadanía acerca de la importancia de la recogida de las heces de sus mascotas.

Precisamente, la edil de Medio Ambiente ha considerado que, más que el control del ADN, en estos momentos sería más conveniente la alternativa de la concienciación o también aumentar la cuantía de las multas por no recoger las heces, pasando de 500 euros a 1.000 o 1.500 euros, como han aplicado otros municipios. Incluso, ha contemplado la posibilidad de imponer al infractor sanciones del tipo de recoger durante un día los excrementos caninos que haya en la vía pública.

Por su parte, la concejala del PSOE ha insistido en que con la moción no se pide que se aplique ya este sistema, sino que se lleve a cabo un estudio para "ver los pasos que hay que dar y el coste económico que puede tener". "Dicen que no es viable, pero sin criterios avalados por un informe no se sabe cómo se puede hacer y si se puede llegar a acuerdos con instituciones", ha precisado.

"No se está planteando gastar ni un euro de las arcas municipales, sino que se estudie como otros temas para resolver un problema que la ciudad no ha sido capaz de resolver aún; además, el análisis correría a cargo del propietario infractor", ha manifestado a Europa Press. A su juicio, "no se pueden cerrar puertas a la investigación".

Según ha afirmado Medina, el coste mayor de la aplicación de este sistema "no sería la mano de obra para hacer los análisis, sino la maquinaria con la que, en la actualidad, cuentan Córdoba y Granada". Además, ha subrayado que esta alternativa permitiría conocer la población canina que no está censada. Como ha apuntado, la Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales "se aprobó para la protección de esta población, pero también para tener la seguridad de que está al día en materia de vacunas".

Asimismo, ha resaltado que contar con una base de datos de información genética de los perros permitiría a los jóvenes que están terminando sus estudios de Veterinaria trabajar en proyectos de investigación. "Se abriría un gran campo de posibilidades", ha apostillado.

Sobre la petición a los veterinarios, incluida en la moción del PSOE, de no cobrar las gestiones administrativas derivadas del cambio de domicilio de los propietarios de mascotas o de transferir la posesión del animal, desde el equipo de gobierno se ha informado de la dificultad de su materialización teniendo en cuenta que es un punto regido por la ley a nivel andaluz.

Izquierda unida

Por su parte, el grupo de IU, que se ha abstenido en la votación de la moción socialista, ha presentado durante el debate una enmienda de sustitución, que finalmente ha sido rechazada, en la que proponía que las distintas áreas municipales implicadas reforzaran las medidas de control de los excrementos de perros en la vía pública, así como que se estudiaran otras acciones para el seguimiento y cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales con el fin de detectar a los propietarios que incumpliesen las normas.

El portavoz adjunto de la coalición, Eduardo Zorrilla, también ha defendido una enmienda de adición a la moción del PSOE para que se habilitaran zonas debidamente señalizadas para el esparcimiento de perros, con el instrumental necesario para la recogida de los excrementos, y también para que el Ayuntamiento cuidara de que esos espacios estuvieran en perfectas condiciones de seguridad e higiénico-sanitarias.