El Grupo Parlamentario Popular considera que el debate de la toma en consideración de la proposición de ley del grupo PSM-IV-ExM para regular la celebración de consultas populares y referéndum en Baleares "no es urgente ni prioritario", puesto que se trata de un asunto que "no están reclamando" los ciudadanos de las Islas en este momento.

Así lo ha manifestado la portavoz 'popular', Mabel Cabrer, que ha comparecido en rueda de prensa junto a la diputada, Marga Prohens, en la que ha señalado que su formación "no apoyará" la propuesta que la coalición nacionalista defenderá en el Pleno del Parlament de este martes, al no tratarse de un tema "prioritario" y que, además, "genera un coste".

"Llama la atención que presenten ahora esta proposición de ley y no lo hayan hecho en la anterior legislatura. Se han celebrado tres elecciones y la gente se ha pronunciado conociendo nuestro programa", ha argumentado Cabrer.

En otro orden de cosas, la portavoz del PP también se ha referido a otra de las propuestas que el PSM-IV-ExM presentará en el Pleno, una interpelación sobre la política del Govern en materia de dependencia, ante lo que ha asegurado que los Presupuestos para el 2012 "garantizan" el pago de la ley de Dependencia, "a pesar del déficit que nos hemos encontrado".

Asimismo, Cabrer ha remarcado que se trata de "una partida ampliable", lo que significa que "obligatoriamente se tienen que ir dotando de presupuesto para realizar los pagos necesarios".

En este sentido, Cabrer ha calificado de "caradurismo político" que se acuse al actual Govern de "desmantelar" la ley de Dependencia, cuando, según ha constatado la portavoz del PP, el presupuesto inicial para el próximo año "es superior a la partida que se destinó los presupuestos prorrogados de 2011, al pasar de 6,9 millones a 7,9 millones de euros que se contemplan para el 2012.

Con todo, la diputada del PP ha acusado al Ejecutivo anterior de "dejar una herencia" de más de 7.500 personas pendientes de recibir la ayuda que les corresponde con la aplicación de la ley de Dependencia, que deberán sumarse a las 10.400 que ya reciben la prestación en el archipiélago balear.