Una amplia representación de alcaldes y concejales del PSOE de la provincia de Cuenca han mostrado su profunda preocupación "por los impagos del Gobierno de Castilla-La Mancha, especialmente en el ámbito de los servicios sociales, en los que la deuda con los Ayuntamientos de esta provincia es de más de 20 millones de euros".

Según ha informado en nota de prensa el PSOE, la alcaldesa de Sotorribas y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Carmen Torralba, ha recordado que "los servicios sociales se prestan mediante acuerdos de colaboración entre la Junta de Comunidades y los Ayuntamientos. Mientras que con el Gobierno de Barreda los Consistorios cobrábamos el 50% de los convenios en junio y el 50% restante en noviembre, este año no hemos recibido absolutamente nada".

Por su parte el alcalde de Cuenca, Juan Ávila, ha alertado de que los consistorios tienen "un gravísimo problema porque, al no cumplir la Junta de Comunidades sus compromisos financieros con los Ayuntamientos, nosotros no podemos cumplir con nuestras obligaciones con proveedores". En el caso de este Consistorio, la deuda que tiene pendiente de cobro del Gobierno regional supera los 3 millones de euros.

Ávila ha defendido que los regidores quieren seguir prestando esos servicios que necesitan los ciudadanos, "pero para ello necesitamos de manera urgente que el Gobierno de Castilla-La Mancha pague sus deudas y además nos diga qué piensa hacer a partir del año que viene".

Por su parte, el alcalde de Quintanar del Rey, Martín Cebrián, ha subrayado que para los alcaldes es prioritario el pago de nóminas, pero que los proveedores también tienen que pagar nóminas, "por lo que esta situación es ya totalmente insostenible. Si no nos paga el Gobierno regional, tendremos que prescindir de servicios y nosotros no queremos prescindir de ellos. Los ciudadanos lo están pasando realmente mal y si las entidades públicas no hacemos un esfuerzo mayoritario por mantener esos servicios lo pasarán mucho peor". En este caso, la deuda para este municipio de 8.000 habitantes es de 1,4 millones de euros.

También ha intervenido en la rueda de prensa el alcalde de Campillo de Altobuey, Francisco López, para incidir en el problema añadido que tienen las Zonas del Programa Regional de Acción Social. Y es que "la Junta de Comunidades debe a Campillo, una localidad de 1.600 habitantes, casi 700.000 euros, pero como además es cabecera de Zona PRAS, el convenio que tenemos firmado con la Junta es de 270.000 euros y de esa cantidad este Ayuntamiento ha adelantado ya el 90%".

Por último ha tomado la palabra la alcaldesa de Belmonte, Angustias Alcázar, quien ha precisado que las competencias que los Consistorio prestan, y por las que se les adeuda el dinero, no son municipales, no son de los Ayuntamientos, sino que son competencias de la Junta de Comunidades y, por tanto, "es esta Administración la que los debería prestar y pagar".

"Necesitamos saber cuánto nos va a pagar a partir del año que viene, porque no vale con decir que se van a mantener los servicios sociales, ya que si el Gobierno regional disminuye su aportación es imposible su mantenimiento salvo que éste recaiga en los ciudadanos, y nosotros vamos a luchar porque esto no sea así", ha dicho la regidora.