El líder del PP y presidente electo del Gobierno, Mariano Rajoy, recibe este miércoles, en la sede de su partido, y por separado, al máximo responsable de la organización patronal CEOE, Joan Rosell, y a los secretarios generales de Comisiones Obreras (CCOO), Ignacio Fernández Toxo, y de la Unión General de Trabajadores (UGT), Cándido Méndez.

Encima de la mesa estarán el diálogo social que van a protagonizar el nuevo Ejecutivo y los agentes sociales y asuntos concretos como una posible reforma laboral, que busca simplificar la tipología de contratos y flexibilizar la negociación colectiva, facilitando el 'descuelgue' de los convenios.

Rajoy recibirá en primer lugar, a las once de la mañana, a Fernández Toxo, dos horas más tarde se reunirá con el presidente de la patronal y a las 17.00 horas lo hará con Méndez.

La secretaria general del PP, María Dolores De Cospedal, dijo el lunes que la intención de Rajoy es exponer a sus interlocutores la necesidad de llegar a un acuerdo "en un plazo urgente" para acometer la reforma del modelo laboral vigente desde hace un año.

Esta es una de las prioridades de Rajoy en materia económica una vez sea investido como presidente del Gobierno.

Durante las semanas previas a las elecciones generales, Rajoy aseguró que una de sus prioridades si se convertía en el próximo presidente del Gobierno sería acometer una reforma laboral con el objetivo de empezar a crear empleo y éste ha sido uno de los compromisos que ha trasladado en las conversaciones telefónicas que ha mantenido con dirigentes europeos desde que ganó las elecciones.

En el programa electoral que el PP presentó unos días antes de que comenzara la campaña, los 'populares' ya se comprometían a poner en marcha una "reforma integral del mercado de trabajo" que supusiera un "cambio coherente y coordinado de la contratación, la negociación colectiva, el sistema de relaciones laborales, la formación orientada al empleo y la intermediación".

Además, avanzaba que sesimplificaría la tipología de contratos laborales y se reformaría la estructura y contenidos de la negociación colectiva, de manera que cada materia se negocie en un ámbito territorial o sectorial "óptimo".

También incluía la creación de un fondo de capitalización individualizado para cada trabajador --siguiendo el modelo austríaco-- que contemple la cobertura frente al desempleo y que favorezca la movilidad y la formación continua.

Al margen de estas medidas, Rajoy ha asegurado que la base de la reforma laboral que propondrán se encuentra en las 71 enmiendas que presentó el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al proyecto de ley de reforma laboral del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que fueron rechazadas por el PSOE.

En estas enmiendas, el PP proponía un procedimiento general de descuelgue de convenios colectivos mediante acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores, previendo la posibilidad de que la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o el órgano tripartito de carácter autonómico corrrespondiente lo autorice determinando las nuevas condiciones de trabajo aplicables a la empresa.

También planteaba que los sindicatos y organizaciones empresariales más representativas de carácter estatal y de comunidad autónoma puedan ordenar y articular la negociación colectiva y contemplaba la "revisión" del convenio colectivo para que, sin necesidad de denuncia y por acuerdo de las partes con legitimación peronal "puedan revisarse los convenios colectivos en vigor, de forma natural y en un contexto de paz social".

Y todo esto en aras del "fortalecimiento" de la flexibilidad interna en la empresa, para lo que también propugnaba la modificación de los artículos 22 y 39 del Estatuto de los Trabajadores, "haciendo del grupo profesional el eje de la clasificación profesional y el límite de la movilidad funcional en el seno de la empresa".

Asimismo, hablaba de extender el contrato de fomento del empleo, sauvizando las condiciones de acceso para "incentivar a los empresarios a  la contratación estable", de forma que no sea necesario que el trabajador tenga que pasar tres meses en situación de desempleo antes de acceder a esta modalidad contractual, que incluye una indemnización de 33 días por año trabajado.

También pedía reformar el procedimiento de suspensión del contrato y reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción "distinguiendo entre las suspensiones y reducciones individuales y colectivas" para permitir que las empresas y los trabajadores puedan mantener los contratos de trabajo y adaptarse a las nuevas necesidades "de modo que el despido sea la última opción".

En el paquete de enmiendas se incluía igualmente una propuesta para que no puedan adoptarse medidas de huelga o conflicto colectivo que tengan por objeto alterar durante su vigencia lo pactado en un convenio colectivo, aunque se negocie su revisión.

La enmienda, a la que el PP no ha hecho referencia posteriormente,afectaba al Estatuto de los Trabajadores y se enmarcaba en sus iniciativas para "fortalecer" la flexibilidad interna de la empresa y el descuelgue de los convenios.