La diputada del Grupo Socialista y exdirectora general de la Mujer Ana Isabel Méndez ha denunciado las intenciones del Gobierno del

Pp de "liquidar" a partir de enero los cinco centros de asistencia a las víctimas de violencia de género.

Este aviso se produce después de conocerse este lunes la denuncia de las trabajadoras del Centro de Atención a las Víctimas en la calle Rualasal de que el Gobierno —la Consejería de Presidencia y Justicia, a cuyo frente está Leticia Díaz— no las paga desde junio, "escudándose" problemas administrativos.

Méndez denuncia que "Diego se ceba en sus recortes con las personas más vulnerables y cierra en enero los cinco5 centros existentes"

Y ha denunciado el "cinismo de quien se hace fotos el pasado 25 de Noviembre, Día Internacional Contra la Violencia de Género, y al mismo tiempo va desmantelando todos los programas de igualdad y los cinco centros de atención a víctimas de violencia de género que durante ocho años se pusieron en marcha en Cantabria por parte del anterior Gobierno del PRC-PSOE".

Méndez afirma que la consejera de Presidencia, responsable de las políticas públicas de igualdad, "recorta un 21% este presupuesto demostrando la verdadera cara del Gobierno 'paritario'".

"Mientras el Gobierno del PRC-PSOE invirtió contra la violencia de género millones de euros durante las dos legislaturas (en el ámbito educativo, sanitario, social, laboral, etc*), el PP nos presentó una foto de un gobierno paritario y nada más", asevera.

"Mientras se nombran consejeras y se vende una foto como garantía de apoyo a las políticas de igualdad, se liquidan los servicios de apoyo fundamentales para personas tan vulnerables como las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas que han sido atendidos en estos centros", sentencia.

Según ha recordado, el sistema de asistencia y acogimiento para la atención a las víctimas y a sus hijos e hijas fue creado por el anterior Gobierno regional PRC- PSOE en 2004 y consta de un total de cinco centros especializados (un centro de atención a víctimas ambulatorio, una casa de acogida, una casa de emergencia y dos pisos tutelados).

Desde su creación, estos centros han atendido a 2.900 víctimas, "y a pesar de ello, todos los centros serán cerrados el 1 de enero alegando problemas administrativos e incluso dando largas a las organizaciones sin ánimo de lucro que en ellos colaboraban alegando que con el tiempo convocarían un concurso para su gestión".

"No sé qué me preocupa más, si el desmantelamiento o que pretendan que empresas de seguridad o academias de formación puedan ser quienes atiendan a las víctimas sin experiencia ni conocimiento alguno", afirma.

Méndez acusa al gobierno de Ignacio Diego de "escudarse en falsedades para desmantelar un pilar básico del estado de Bienestar como es la atención a las mujeres y niños más vulnerables, en el que venían colaborando las organizaciones más reconocidas en este ámbito en Cantabria".

Colaboración con las asociaciones

De hecho, la diputada acusa "a la señora Díaz de desconocer que el propio Artículo 7 de la ley de Cantabria contra la violencia de género del año 2004", el cual afirma que "La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria colaborará con aquellas organizaciones con experiencia y formación en esta materia que desarrollen actividades de sensibilización, prevención, protección, atención y erradicación de la violencia de género".

Esta ha sido la premisa legal en la que el anterior Gobierno regional se basó para organizar la atención a las víctimas en colaboración con las entidades expertas desde hace años en Cantabria en esta materia, "como la mejor garantía de que serían bien atendidas, como así ha sido".

Con un "ingente" esfuerzo presupuestario, desde 2004, el anterior Gobierno regional colaboró con las dos entidades expertas en Cantabria, la Asociación Consuelo Bergés (nacida en 1995) y CAVAS (nacida en 1987), ambas "de reconocido prestigio", "por lo que no solo se ha cumplido la ley, sino que se ha trabajado con quien mejor podía hacerlo", continuó la diputada regional.

"Y en eso se escuda el PP para desmantelar todo el Sistema de asistencia y acogimiento creado por decreto en 2006 (Decreto 64/2006, de 8 de junio, por el que se desarrolla la Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas) y deja a las víctimas el 1 de enero sin protección".

"Hasta ahora la relación con las organizaciones sin ánimo de lucro había sido de respeto y colaboración total, circunstancia que ahora se ve sesgada por excusas que en nada ayudan a las víctimas, por lo que exige a la Consejera de Presidencia que ordene los pagos que antes eran posibles y ahora se dificulta", añadió Méndez.

La diputada socialista exige a la consejera Leticia Díaz que "deje de dar lecciones y de excusarse en temas administrativos para liquidarlo todo y recortar", en alusión a las "continuas acusaciones de existencia de administraciones paralelas".

"No existen administraciones paralelas sino una estrecha colaboración de la anterior Dirección general de la Mujer con ONGs expertas para desarrollar los programas de igualdad y de atención a víctimas de violencia de género. Las mismas organizaciones y personas cuyos servicios utiliza en su quehacer diario la propia consejera a día de hoy", añade

"El grupo parlamentario socialista estará vigilante para que ninguno de esos centros se cierre y las víctimas sean atendidas como merecen", advierte por último la diputada regional.