El sindicato UGT-A presentará este año denuncias judiciales "masivas" y promoverá el boicot comercial contra las empresas que tengan la negociación de los convenios colectivos paralizada o incumplan los convenios suscritos, según ha anunciado el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, quien ha indicado que además denunciará "tanto públicamente como ante los tribunales" las ayudas o subvenciones que reciban estas empresas por parte de la Junta o el Gobierno central.

Pastrana presentó las 'Jornadas de negociación colectiva 2012', que se celebrarán el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en el Parque de las Ciencias de Granada, y en las que están previstas la participación de 114 personas. Actualmente, desde el inicio de la crisis en 2007, hay 741 convenios pendientes de negociación, que afectan a más de 700.000 trabajadores y 95.635 empresas.

El líder sindical ha reconocido que el momento actual es una "encrucijada", toda vez que la reforma laboral impulsada por el Gobierno del PSOE "supuso una primera modificación de las relaciones laborales, que no ha facilitado la salida de la crisis y no ha servido para nada ni ha tenido ningún efecto".

Agrega que el nuevo Gobierno salido de las urnas, del PP, pretende emprender una nueva reforma laboral que "afectará a la negociación colectiva" y donde se pretende primar la negociación a nivel de empresa sobre la negociación sectorial y provincial, primando el convenio de empresa sobre el sectorial o provincial.

Pastrana asegura que ello provocará en Andalucía que "como mínimo el 85 por ciento de las empresas puedan estar sin convenio", ya que ese porcentaje es el número de sociedades con menos de diez trabajadores "y en ellas los trabajadores no tienen fuerza para poder negociar en igualdad de condiciones que el empresario".

El líder sindical andaluz asegura que si se prima el convenio de empresa sobre el sectorial o provincial "estaremos desregularizando las condiciones de trabajo, primando el pacto particular o la imposición del empresario sobre el trabajador". "Será un paso hacia la individualización de las relaciones laborales en la comunidad autónoma, será un paso atrás", ha aseverado Pastrana.

Asimismo ha apuntado que dicha apuesta por el convenio de empresa "afectará negativamente a las empresas, al introducir elementos de competencia desleal entre las mismas, con gran heterogeneidad de condiciones laborales y costes salariales entre empresas del mismo sector, por lo que además de poner en riesgo las condiciones laborales de los trabajadores, también es un riesgo para las empresas".

En ese sentido, Pastrana ha instado a las empresas a "mojarse" sobre esa posible reforma que prima el convenio de empresa sobre los de ámbitos más amplio y ha indicado que a nivel andaluz, los sindicatos UGT-A, CCOO-A y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) han mantenido reuniones para iniciar un proceso de negociación para conseguir la aplicación de los convenios de ámbito mayor, como los autonómicos, en Andalucía.

Pastrana ha dejado claro que en esa nueva reforma laboral "no será UGT la que se niegue a negociar pero tampoco permitirá los efectos de dicha reforma ni va a permitir que se venda el trabajo de la gente al mejor postor, por lo que el sindicato combatirá y reaccionará con aumento de conflictividad, con los medios que los trabajadores estén dispuestos a llegar".

Por otro lado, también advirtió de la actual situación de bajada salarial y tras recordar los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) "donde Andalucía está a la cola de los salarios de España y, por tanto de la UE", ha asegurado que esas reducciones salariales "vulneran los derechos constitucionales de los trabajadores", a lo que se suma el hecho de que esos bajos salarios "suponen un freno para la recuperación económica, al mantenerse la caída del consumo".

Pastrana también ha advertido del incremento de la economía sumergida, no regularizada, como efecto de la paralización de la negociación colectiva, ante lo que exige que "de una vez por todas se pongan en marcha por las administraciones públicas mecanismos de inspección de la situación de los trabajadores".

En ese sentido, está reuniéndose con la Inspección de Trabajo y con Hacienda para que "unan sus esfuerzos y crucen y contrasten sus datos, los de la Seguridad Social, de la Junta, los de Inspección y Hacienda para que haya resultados al perseguir el fraude fiscal y también el fraude laboral".

El sindicato UGT-A ha anunciado ante esta situación en la que "se vulneran derechos constitucionales, hay violación clara de los derechos derivados de la paralización de los convenios", que va a poner en marcha este mismo año una campaña basada en la presentación de denuncias judiciales masivas contra las empresas por "atentar contra los derechos de los trabajadores", contra las empresas y contra las organizaciones sectoriales que no apliquen o tengan paralizado los convenios.

Asimismo, esa vía judicial se complementará con la campaña de "boicot comercial" contra las empresas que estén actuando al margen de los convenios o tengan paralizado el proceso, para así "hacer visible a los clientes de la situación de la empresa".

Denunciar las ayudas

A ello se sumará el hecho de que UGT-A denunciará públicamente y ante los tribunales cualquier ayuda o subvenciones que conceda la Junta de Andalucía o el Gobierno central a empresas que "violen los derechos de los trabajadores o tengan los convenios incumplidos". "No pueden recibir dinero público las empresas que mantengan una actitud ilícita al vulnerar los derechos laborales", ha agregado Pastrana, que va a "vigilar cada subvención, aval, préstamo o ayuda que reciba cualquier empresa".

"Hay que concienciarse de que la salida de la crisis no se producirá recortando derechos y salarios de los trabajadores, y además la negociación colectiva no supone un freno al desarrollo sino una garantía del empelo", ha agregado Pastrana, para el que la flexibilidad "no puede suponer una carta blanca para que los empresarios puedan modificar las condiciones de trabajo".

Ha indicado que en materia de negociación colectiva, las empresas y sectores con más problemas en la aplicación de la negociación colectiva son la hostelería donde "hay una debacle" en la que "pese al incremento de viajeros, no se produce un aumento de la contratación ni una mejora de las condiciones laborales, y se ha perdido empleo en los hoteles". Ha citado también el comercio o el sector servicios, con áreas como las oficinas, despachos, aseguradoras, o sectores como los convenios provinciales del campo y ha recordado la situación de los empleados públicos de los ayuntamientos o de la Junta.