La apertura del expediente se debe al incumplimiento por parte de Telefónica, de la Resolución aprobada por la CMT el 31 de marzo de 2005, en la que se acusaba a Telefónica de "presunto incumplimiento de la obligación de no discriminación en el cobro de recargos por la realización de llamadas gratuitas en terminales públicos", según informa Cinco Días.

El expediente abierto por la CMT a Telefónica en 2005 consideraba que existían indicios de conductas o hechos susceptibles de constituir infracción administrativa, que fueron puestos en conocimiento de la citada Comisión a través de escritos de denuncia de varias entidades.

Segundo expediente al que se enfrenta Telefónica

La CMT acusa a Telefónica de ser presunto responsable directo de dos infracciones administrativas "muy graves". Por un lado, "el incumplimiento grave o reiterado por los operadores de las condiciones para la prestación de servicios o la explotación de redes de comunicaciones electrónicas" y por otro, "el incumplimiento de las obligaciones en materia de acceso e interconexión a las que estén sometidas por la vigente legislación.

A este respecto, la Ley General de Telecomunicaciones tipifica como infracción muy grave "el incumplimiento grave o reiterado por los operadores de las condiciones para la prestación de servicios o la explotación de redes de comunicaciones electrónicas".

Por otra parte, el artículo 53.v) de la citada ley tipifica a su vez como infracción muy grave "el incumplimiento, por parte de las personas físicas o jurídicas habilitadas para la explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas accesibles al público, de las obligaciones en materia de acceso e interconexión a las que estén sometidas por la legislación vigente".