Los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma que ocupan un puesto en situación de comisión de servicios "por razones profesionales" seguirán en sus puestos, pero no aquellos que lo estén por razones "espurias, abyectas o inconfesables".

Así se ha expresado el consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Mario Garcés, en respuesta a una interpelación de la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Ana Fernández en sesión plenaria de las Cortes de Aragón.

Un aspecto "crítico" de la Administración heredada es "la grave discrecionalidad en la provisión de puestos de trabajo", ha considerado el consejero, quien ha lamentado que "la tasa de comisiones de servicios es muy elevada". Era una administración "colosal".

"Queremos una administración eficaz, que cumpla sus objetivos, y eficiente", ha dicho Garcés, quien ha expresado que "cambiar una administración cuesta su tiempo".

La aprobación de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) estarán listas en dos semanas y entonces se iniciará un proceso de regularización "descendente".

Además, Garcés ha dicho que se han amortizado 110 plazas que estaban dotadas presupuestariamente pero llevaban 18 meses vacantes. También desaparecen 92 puestos que no tenían dotación en 2010.

Garcés ha mencionado la "superpoblación de asesores" que había con el Gobierno PSOE-PAR, cuyos responsables "habían inventado la figura del asesor telefónico". El Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi ha eliminado 80 puestos de confianza, ha apuntado.

"Los asesores al final son mucha grasa", ha continuado Mario Garcés, quien ha pronosticado que el Gobierno de Rudi habrá ahorrado 24 millones de euros en asesores cuando acabe la legislatura.

Los miembros del Gobierno "tenemos un compromiso con los empleados públicos" porque "creemos en el servicio a los ciudadanos". El consejero ha comentado que el Gobierno está realizando un proceso de reestructuración "masivo" en el sector público.

Garcés ha defendido el Plan Concilia de conciliación de la vida familiar y laboral y ha avanzado que el Ejecutivo estudia introducir medidas adicionales.

Balance "pobre"

Ana Fernández ha criticado que haya personal de confianza realizando funciones de representación en el Consejo Económico y Social de Aragón (CESA).

La diputada ha preguntado al consejero si va a congelar los salarios y también ha solicitado información sobre las bajas en los servicios de atención directa a los ciudadanos.

Según Ana Fernández el balance de la gestión de Garcés en esta materia es hasta ahora "bastante pobre" y se reduce, según sus datos, a una Orden del mes de septiembre para elaborar las RPT especiales y el Decreto de estructura.