El sindicato CSI·F ha advertido este viernes de dos incidentes en días consecutivos en la oficina del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) de Torrent, en los que tuvo que personarse la Policía, y ha lamentado que este tipo de actos evidencia "la desprotección a la que están sometidos los trabajadores del antiguo INEM".

Según ha informado el sindicato en un comunicado, el primer episodio, ocurrido el martes, se produjo ante la negativa de los empleados públicos a atender a un usuario que no concertó cita previa y que llegó a amenazar con "quemar" la oficina. Un día más tarde, un trabajador informó a una mujer que no tenía derecho a la prestación que solicitaba, y ella comenzó a golpear la impresora mientras gritaba y calificaba a los funcionarios "de racistas", hechos que han sido denunciados por escrito.

CSI·F ha explicado que el pasado miércoles 23 un delegado del sindicato estaba realizando una inspección en la oficina de Torrent por los incidentes ocurridos el día anterior. Durante la visita, mientras se interesaba por el estado de los empleados públicos por la agresión sufrida, presenció el segundo altercado "en apenas 24 horas".

El delegado sindical activó el protocolo de actuación de la Administración General del Estado (AGE), basado en elaboración de informes de incidencia por violencia. De acuerdo con el sindicato, tanto de ese hecho como del ocurrido el día anterior han sido abiertos partes de incidencia enviados a la dirección provincial.

En el primero de los incidentes, el del martes, los empleados informaron al usuario que se presentó sin cita previa que este requisito es un trámite "indispensable" para recibir atención en los centros SEPE. "El usuario ya había estado en esta oficina y conocía el sistema de atención de cita previa", ha asegurado la directora de la oficina.

Tras exigir "a gritos" atención, amenazó con quemar la oficina por lo que la directora llamó al personal de seguridad para que intentara tranquilizarlo, aunque sin éxito. La Policía Nacional, alertada por el vigilante, acudió a la oficina y obligó al ciudadano a salir para prestar declaración de lo ocurrido, unos hechos por los que se ha presentado denuncia.

El sindicato CSI·F demanda a la AGE que cubra la defensa jurídica por causas penales a los funcionarios que atienden al público y ha incidido en que este tipo de casos "evidencian la desprotección a la que están sometidos los trabajadores del antiguo Inem".