El Parlamento vasco ha aprobado este martes, con el apoyo de PSE y PP, el proyecto de ley de modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social que eleva de uno a tres años el requisito de empadronamiento para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o, en el caso de quienes no alcanzan esta antigüedad en el registro, haber cotizado cinco años a la Seguridad Social para recibir esta prestación.

El texto ha sido apoyado por PSE y PP, mientras que el grueso del texto ha sido rechazado por EB, EA y Aralar y la abstención de PNV y UPyD. La reforma traslada la gestión íntegra de la RGI y de la prestación Complementaria de Vivienda (PCV) a Lanbide con el cometido de ligar estas prestaciones con la inserción laboral. De esta manera, a partir del 1 de enero, Euskadi vinculará a los perceptores con la búsqueda activa de un empleo o de formación para poder acceder al mercado laboral.

La RGI está destinada a personas cuyos ingresos no son suficientes para alcanzar niveles de vida que se consideran básicos. Las personas que soliciten acogerse a las ayudas, además de acreditar que sus ingresos no alcanzan los niveles mínimos, deberán demostrar su disposición a incorporarse al mercado de trabajo. Se retirará la prestación a aquellos titulares que rechacen una oferta "adecuada" de trabajo "acorde con sus posibilidades".

Además, deberán acreditar un mínimo de tres años de empadronamiento o, en el caso de quienes no alcanzan esta antigüedad en el registro, haber cotizado cinco años a la Seguridad Social para recibir esta prestación.

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, ha iniciado su intervención agradeciendo a los servicios sociales de base, "quienes se han visto desbordados por la tramitación administrativa de prestaciones, saturados sus servicios y sin apenas refuerzos", y a las diputaciones forales "encargadas de la verificación, de la ejecución de sus pensiones o autorizaciones", ya que la reforma de la ley "libera a ambas administraciones de la gestión de la RGI y la prestación complementaria de vivienda. 55.000 PERCEPTORES

La titular de Empleo ha explicado que "prácticamente" la mitad del presupuesto de su Departamento corresponde a las prestaciones del sistema de Garantía de Ingresos, compuesto por más de 55.000 personas, nómina que asciende a 400 millones de euros cada año. En concreto, ha explicado que en el año 1993, con una tasa de desempleo del 25 por ciento el Ejecutivo destinaba lo equivalente a 62 millones de euros, mientras que en la actualidad, con una tasa de desempleo del 11 por ciento, se destinan 400 millones de euros, "casi seis veces más en términos absolutos".

"Todas estas personas, me refiero a las que están en edad de trabajar, la mayoría se encuentran en la inactividad. Por eso la mayor revolución en la que estamos inmersos es la de la activación por el empleo de quienes alejados de él sólo tienen un futuro de cronificación en el desempleo", ha defendido.

Según ha explicado, esta reforma se basa en "situar la centralidad del empleo como elemento de inclusión" y que se sitúe en "elemento nuclear de los procesos orientados a la inclusión". "Las administraciones no debemos ser paternalistas, sino protectoras; dar empleo para quien pueda trabajar, y protección y seguridad para quien no pueda hacerlo", ha indicado.

Finalmente, ha agradecido al PP su "apertura al diálogo" y "confianza" en esta reforma porque "son tiempos difíciles para llegar a acuerdos y tomar decisiones sobre asuntos sensibles que son controvertidos". En este sentido, ha expresado su "respeto" a las posiciones que no comparten la reforma, desde organizaciones sociales, partidos políticos o sindicatos y ha defendido que "gobernar es tomar decisiones y elegir entre dejar las cosas como están o desafiar las situaciones que exigen un cambio".

GRUPOS

La parlamentaria del PSE Teresa Laespada ha afirmado que el Gobierno es consciente de que, al aumentar los requisitos para acceder a las prestaciones, "se quedarán personas en la puerta de entrada" pero ha defendido que "no tiene efecto retroactivo sino que es un derecho subjetivo adquirido", por lo que no se puede determinar la cantidad de personas que van a solicitar la RGI con menos de tres años de empadronamiento.

La parlamentaria del PP Laura Garrido ha explicado que el PP ha "aprovechado" este proyecto de ley para "mejorar" el sistema de protección social y las "disfunciones" que presentaba. En concreto, ha explicado que existía la necesidad de simplificar las gestiones y ha afirmado que el 90 por ciento de las personas que reciben prestaciones sociales "son empleables". "El objetivo final debe ser la empleabilidad y no el cobro de una prestación", ha insistido antes de recordado que "el 44 por ciento de estos perceptores rechazaba un empleo", ha indicado.

Por otro lado, ha defendido que "elevar de uno a tres años el empadronamiento y exigir años de vida laboral a los que sólo tengan un año de empadronamiento, es razonable y justo porque el esfuerzo no sólo lo hacen las administraciones públicas sino todos los ciudadanos".

La parlamentaria del PNV Garbiñe Saez ha explicado que su formación presentó un total de 35 enmiendas parciales para "mejorar el texto" de las que "algunas fueron aprobadas" y ha resaltado la necesidad de abordar "no sólo la protección de quienes más lo necesitan, sino la empleabilidad de las personas en situación más desfavorable" y tratar "no sólo inclusión laboral, sino también la social".

Sin embargo, ha explicado que han reservado para su debate en sesión plenaria varias enmiendas en las que solicitan la inclusión de las Ayudas de Emergencia social (AES) dentro de Lanbide para "aunar la gestión de las prestaciones de derecho con las de carácter subvencional", así como una moratoria de un año para la entrada en vigor de la norma.

"aumento de la pobreza"

La parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, ha defendido que se trata de un derecho subjetivo limitado, como recoge la ley del año 2008, y ha criticado que el Gobierno vasco quiera "endurecer" las condiciones para "reducir el universo de perceptores". "La consecuencia más grave es que en situación de crisis, la pobreza aumentará en el País vasco y habrá una cronificación de la exclusión porque habrá más gente sin protección", ha insistido.

El parlamentario de EB, Mikel Arana, ha explicado que han presentado 18 enmiendas de las que han mantenido 16 para debatir el pleno, "lo que da una idea de la voluntad que ha tenido el Gobierno para llegar a acuerdos", ha ironizado. Arana ha explicado que no está de acuerdo con esta modificación porque "el objetivo que se afirma perseguir es una excusa para recortar esta prestación social en un momento en el que más falta hace". "Nos cuesta asumir que un Gobierno socialista quiera racanear con la RGI", ha subrayado.

El parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, ha anunciado su oposición a la reforma al considerar que "se ha perdido una oportunidad para hacer una ley progresista para el sistema de protección social" y ha criticado que "en lugar de llegar a acuerdos con las fuerzas progresistas, el Gobierno del PSE ha preferido pactar con la derecha y meterse en las reducciones que tanto le gustan al PP".

Finalmente, Gorka Maneiro (UPyD), ha explicado su abstención al considerar que es necesario "indignarse", si el recorte de recursos no va acompañado de medidas que "lo justifiquen" como campañas para luchar contra fraude fiscal. "Los recortes deben seguir siendo ultimo recurso para soportar las estrecheces presupuestarias", ha insistido.