El Consejo de Gobierno ha conocido en su reunión de este martes el Decreto-Ley de Medidas Urgentes de Racionalización del Sector Público Empresarial elaborado por el Departamento de Hacienda y Administración Pública del Ejecutivo aragonés.

Este Decreto-Ley ultima su tramitación administrativa y será aprobado en el próximo Consejo de Gobierno.

En rueda de prensa, acompañado por el portavoz del Ejecutivo, Roberto Bermúdez de Castro, el consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Mario Garcés, ha detallado que, con la aplicación de este conjunto de medidas, el Ejecutivo autónomo "perderá su participación en torno a un 65 por ciento de las empresas públicas en las que ahora participa" y ha avanzado que "30 ó 35 empresas públicas (del centenar existente) van a sobrevivir pero con reglas de disciplina fiscal y presupuestaria" muy estrictas.

Este Decreto-Ley recoge una serie de medidas urgentes aplicables al sector público empresarial, de régimen económico-financiero, de control, contratación y recursos humanos, para la racionalización y mejora de la gestión de las sociedades empresariales autonómicas y se enmarca en el proceso de reestructuración del sector público-empresarial diseñado por el Gobierno de Aragón.

El Decreto Ley de Medidas Urgentes de Racionalización del Sector Público Empresarial contemplará acciones que combinan la permanencia de las compañías que prestan servicios públicos de interés general con la salida ordenada de aquellas sociedades en las que la presencia del Gobierno aragonés en el capital social ya no es estratégica. Está previsto agrupar las sociedades en cuatro sectores: fomento de las iniciativas privadas, turismo, inmobiliario y gestión de infraestructuras.

Mario Garcés ha subrayado que esta medida supone "un impulso muy importante para racionalizar el sector público empresarial" y, tras advertir de que "somos conocedores de la gravedad de la situación", ha afirmado que "exigimos una corrección inmediata. Por eso hemos utilizado la figura del Decreto Ley, porque es una medida urgente, inaplazable, que tenemos que tomar inmediatamente", con una reestructuración que se pondrá en marcha "en unas semanas" y se prolongará un año.

El consejero ha adelantado que en este proceso, se producirán "procesos de reestructuración, de dilución de acciones, de fusión, de absorción de competencias por parte de la Comunidad", si bien "para que no haya ninguna angustia" y como mensaje "de tranquilidad", ha dicho que "en aquellas empresas y entidades que prestan servicios públicos de interés general se preservará el empleo público cuando sea necesario".

No obstante, "tampoco vamos a tener ningún temor a hacer ajustes principalmente en la plantilla de directivos en aquellos casos en los que se ha producido un sobredimensionamiento de la plantilla de directivos", un análisis que se realizará "en cada una de esas empresas públicas", aunque "van a sobrevivir en torno a 30 o 35 empresas públicas" que se someterán a reglas de disciplina fiscal y presupuestaria.

Plan de saneamiento en seis meses

Entre las medidas que contempla este Decreto-Ley que se aprobará la próxima semana, el consejero ha detallado que "vamos a exigir a todas las empresas públicas que en el plazo de seis meses elaboren un informe de gestión y un plan económico financiero de saneamiento a tres años", con el objetivo de que todas las empresas públicas de la Comunidad "estén saneadas y lleguen a un objetivo de equilibrio económico-patrimonial en ese plazo de tres años".

En caso de que ese plan no se elabore o cuando comience a ejecutarse sufra "desviaciones", Garcés ha advertido de que el Ejecutivo aragonés "tomará decisiones". Así, "se podrá cesar a los miembros del órgano de gobierno de esa sociedad si se incumplen los objetivos establecidos en el plan y se podrán paralizar las transferencias de capital a esas sociedades teniendo en cuenta que no cumplen los objetivos de reequilibrio".

Asimismo, en caso de incumplimiento, "no se concederán operaciones de garantía ni se concederán préstamos ni participaciones; se podrá decretar la paralización de inversiones en esas empresas públicas para evitar un mayor desequilibrio; se podrá exigir que en la formalización de contratos públicos para esas empresas se exija una autorización del Gobierno y podremos establecer limitaciones al endeudamiento de esas empresas públicas con la finalidad de impedir que se agrave su situación de desequilibrio".

Por otra parte, el Ejecutivo autónomo exigirá a sus empresas públicas que aprueben "unos planes de pago a proveedores para evitar los niveles excesivos de déficit de capital circulante que tienen algunas de ellas" y, en cuanto a mecanismos de control, "a lo largo de los próximos años en cuanto evolucione esta fórmula de gestión, Hacienda se reserva el derecho a intervenir en las empresas públicas".

Además, la Corporación Empresarial "va a crear una comisión de auditoría y control única para todas las empresas públicas, para dar información a cada una de las empresas públicas sobre los informes de auditoría que se vayan realizando", ha explicado.

DIRECTIVOS

En el apartado de recursos humanos, y en el caso de los directivos de las empresas públicas, Mario Garcés ha avanzado que "vamos a exigir a todos una declaración de bienes, derechos patrimoniales y de actividades de altos cargos, similar a lo establecido para los altos cargos del Gobierno de Aragón".

Los directivos no percibirán "ninguna indemnización en el momento de su cese" y, en materia de productividad, "vamos a hacer que las retribuciones se descompongan en dos partes, una fija y una variable, sujeta al cumplimiento de objetivos", ha aseverado.

El consejero ha indicado que el ahorro que se conseguirá con esta medida aún se está estudiando y dependerá de cada empresa, porque será el consejo de cada una de ellas el que tome las decisiones. En todo caso, se exigirá responsabilidad de gestión a cada una de ellas para cumplir los objetivos fijados de carácter económico, presupuestario y de estrategia de negocio.

PLAZA

En el caso de la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA), Mario Garcés ha comentado que ésta "va a ser una de las empresas públicas afectadas" por el Decreto-Ley y que deberá presentar un plan de reequilibrio.

Al respecto, ha agregado que PLAZA "tendrá que expresar a tres años su senda de equilibrio económico-patrimonial", porque su situación ahora "es grave e, incluso, tenemos un litigio que vamos a apelar y vamos a llegar al final, intentando llegar a un acuerdo extrajudicial".

"Pero no solamente PLAZA, son muchas las empresas que están en una situación muy grave, por eso es fundamental que el Decreto Ley se apruebe inmediatamente y que las empresas públicas comiencen a sanear sus cuentas de manera inmediata".

Sobre la posibilidad de que el Ejecutivo aporte fondos a las empresas, Garcés ha aseverado que "el Gobierno inyectará en la medida de sus posibilidades, que son escasas, por eso es muy importante que el plan económico-financiero determine cuál es la capacidad de financiación de cada una de las empresas públicas y, sobre la base de la capacidad que tengamos para inyectar capital a las empresas públicas, determinar cuál va a ser el futuro de esas empresas".