Desde el sindicato CSI-CSIF, que son los que más demandas han interpuesto, explicaron que se trata de «un abuso constante» de este sistema de nombramientos por parte de la Administración regional. «La ley es bien clara y determina que sólo se puede usar con carácter excepcional y cuando se trate de puestos ejecutivos o altos cargos. Sin embargo, en alguna consejería, como en Presidencia, se ha utilizado hasta para nombrar plazas de auxiliar», explicó desde la asesoría jurídica del sindicato Esteban Vega.

Los autos, 14 en total, afectan a todas las consejerías y en muchos casos a personal que debe controlar a la propia administración. «La inmensa mayoría de los interventores, que son los que deben vigilar el gasto público y fiscalizar las cuentas de la Junta, han sido nombrados a dedo. Lo mismo pasa con los letrados, que deben emitir un informe cuando alguien reclama contra la administración», explicó Vega.

La nueva ley

La Ley de la Función Pública, que se aprobó en julio de 2005, ya contempla, con el visto bueno de los sindicatos, la posibilidad de nombrar de libre designación a los jefes de servicio.

La Junta: «La solución es difícil»

La directora general de la Función Pública, Beatriz Escudero, señaló que cuando se fallen todas las sentencias se buscará «una solución que es compleja y difícil». «La mayoría ha sido por problemas de forma o por falta de motivación suficiente. Estamos estudiando lo que dice el tribunal para corregirlo y explicar los motivos como quieren», indicó. Asimismo, resaltó que no duda «de la capacidad de ningún funcionario», en referencia a las acusaciones de que los interventores o letrados son nombrados a dedo, y matizó que «los únicos auxiliares designados con esta fórmula son secretarias de altos cargos».