El Grupo de concejales de IU-CA en el Ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla) reclamará la celebración de un pleno de carácter "extraordinario" al objeto de exigir a la alcaldesa, la socialista Isabel Ortiz, que renuncie al bastón de mando al haber sido condenada a ocho años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público y al pago de una multa de 4.050 euros, por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación funcionarial urbanística.

Jesús González Sánchez, portavoz municipal de IU-CA, ha informado a Europa Press de que dado que el Consistorio celebra sus plenos ordinarios "cada tres meses", la federación de izquierdas ha resuelto solicitar un pleno de carácter extraordinario a cuenta de la condena de la alcaldesa. "Vamos a pedir su dimisión. Una persona condenada no puede estar gobernando el municipio", ha señalado haciendo extensible esta idea el resto de concejales del PSOE, pues "ellos la han apoyado totalmente, pese a que sabían perfectamente que estaba imputada".

El portavoz municipal de la coalición ha señalado que hasta el próximo mes de enero, no correspondería la celebración de un pleno ordinario, por lo que es necesario "un pleno extraordinario" para debatir la posición en la que la alcaldesa ha quedado tras la condena impuesta por el Juzgado de lo Penal número cuatro de Sevilla.

Los hechos

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez pone de manifiesto que, en el presente caso, "el incumplimiento de la normativa urbanística resulta indiscutible", pues la alcaldesa de Aguadulce otorgó la licencia "de modo flagrante y patentemente arbitrario, con un olvido completo de la función pública urbanística y bajo un concepto mercantilista y pretendidamente social de la misma, en el mejor de los casos, que está por completo proscrito del ordenamiento urbanístico" español.

"Es patente que la concesión de la licencia está fuera de la dinámica legal y reglamentaria, y que se hace a persona vinculada de forma especial con la acusada, pues es un hecho cierto y reconocido que el beneficiario era el que poco después fue compañero de candidatura y concejal de la Corporación", prosigue la sentencia, que añade que la alcaldesa era conocedora "de estar actuando en total discordancia con la norma cuyo cumplimiento era ella la primera obligada a cumplir y hacer cumplir".

Las diligencias contra la alcaldesa se incoaron después de la querella interpuesta por la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, que en el acto del juicio oral solicitó para la acusada nueve meses de prisión y ocho años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio, mientras que la acusación popular pidió un año de cárcel y diez años de inhabilitación. De su lado, la abogada de la procesada solicitó la libre absolución.