Asaja ha advertido hoy de que en los últimos veinte años unas 1.500 explotaciones agrarias leonesas se han acogido a la medida de desarrollo rural de la Política Agrícola Común (PAC) del cese anticipado en la actividad agraria, lo que afectando a 2.100 profesionales, una línea de ayudas que se pretende suprimir desde Bruselas.

Esta medida ha permitido adelantar de forma voluntaria la edad de jubilación un máximo de 10 años, con un promedio de cuatro años, y con dicho fin se destinan recursos de las administraciones por importe de 95,3 millones de euros en el ámbito de la provincia de León, según los datos recopilados por Asaja.

La propuesta de reglamento de Desarrollo Rural para el periodo 2014-2020 en el marco de la reforma de la PAC que presentó en el mes de octubre la Comisión no contempla la continuidad de esta línea de ayuda, algo que para Asaja sería "muy negativo" para provincias donde el sector todavía se encuentra en reestructuración.

Esta línea de ayudas permite dejar voluntariamente la actividad a aquellos profesionales de edad avanzada con explotaciones poco viables, por lo general de pequeño tamaño, en zonas con dificultades naturales, y a la vez favorecer el relevo generacional ya que toda jubilación anticipada tiene que conllevar la trasmisión de la explotación a un agricultor en activo que por lo general es un joven, según ha informado Asaja en una nota recogida por Europa Press.

Asimismo, ha precisado que la medida ha tenido más éxito en las zonas de montaña de la provincia y, sobre todo, en explotaciones lecheras, pero también en comarcas de agricultura más minifundista como las vegas de La Bañeza y Astorga. Concretamente, León ha acaparado el 43 por ciento de todas las solicitudes de Castilla y León y el 45 por ciento de los fondos. 9.027

Euros al año

El programa de cese anticipado en la actividad agraria actualmente en vigor contempla una ayuda máxima para el profesional que deja la actividad de 9.027 euros al año hasta cumplir los 65 años, cantidad que se puede incrementar con 3.000 euros anuales en función del tamaño de la explotación que ceda a otro agricultor en activo.

Estas prejubilaciones nada tienen que ver en términos económicos con las cifras que se manejan en determinadas empresas o en sectores como el minero y, además, de estas cantidades hay que restar la cotización a la Seguridad Social como autónomo que es por cuenta del agricultor que cesa hasta que cumpla los 65 años. En la convocatoria de 2011 la Junta rechazó la mitad de las solicitudes por falta de presupuesto para atenderlas.

En este contexto, Asaja reivindicará esta medida de política agraria en las negociaciones de la reforma de la PAC, ya que de ella se benefician únicamente los agricultores profesionales y los jóvenes que se incorporan al campo por ser receptores de las explotaciones. "Ha demostrado ser muy eficaz para una reestructuración ordenada y menos traumática del sector", ha concluido.